El GIL vendió el suelo municipal marbellí a precio de saldo

Era tal el descontrol en el último periodo de gobierno del Grupo Independiente Liberal en Marbella (Málaga) que el Ayuntamiento vendía patrimonio municipal por un precio por debajo del mercado y ni siquiera se preocupaba de inscribir en el registro de la propiedad los edificios que recibía por permutas.

Según el último informe del Tribunal de Cuentas, que evalúa el periodo entre 2002 y marzo de 2006, se perdieron 58 millones de euros por vender propiedades o aprovechamientos municipales a precio de saldo y se dejó de cobrar a las empresas con las que firmaban los convenios hasta 9,7 millones de euros. Para sacar adelante los proyectos, el GIL nunca pasaba estas llamativas valoraciones por Pleno y recurría a tasadores contratados, nunca a técnicos municipales.

De los 98 convenios suscritos, sólo 48 pasaron por Comisión de Gobierno. Ninguno por el Pleno. Sirvieron, ante todo, para recalificar terrenos sin someterse a la planificación urbanística y para intercambiar propiedades sin acreditar la necesidad de los bienes que se adquirían. Estos son algunos de los casos:

- CCF 21. El 20 de enero de 2003, el Consistorio firmó un convenio con la sociedad CCF 21 -del empresario Carlos Sánchez, imputado en el caso Malaya- sobre la finca La gitana. El Ayuntamiento recibió 11.721 metros cuadrados de aprovechamientos municipales que vendió por 3,5 millones de euros, a 300 euros el metro cuadrado. En la finca de al lado, diez meses antes se había realizado una operación en la que el metro cuadrado salía a 923 euros por metros cuadrados, el triple del precio al que se vendió. El perjuicio total estimado ascendería a 7,3 millones.

- Aifos. En otro convenio, rubricado en junio de 2004 con la empresa Aifos, la sociedad aportó unos locales situados en el centro de Marbella, valorados en 4 millones de euros, a cambio de 15.628 metros cuadrados en aprovechamientos municipales. El Ayuntamiento marbellí vendió el metro cuadrado a 420 euros, un precio "excesivamente bajo", según el Tribunal, teniendo en cuenta que en parcelas colindantes o cercanas, pero más alejadas del casco urbano, se pagaba el metro cuadrado a 1.898 euros, cuatro veces más. En la operación volaron 23,09 millones municipales.

- GFC Inmobiliaria. El 29 de marzo de 2004 el Ayuntamiento permutó con la empresa GFC Inmobiliaria SL un edificio municipal de dos plantas en Puerto Banús. La construcción, tasada en 4,8 millones de euros, se entregó a cambio de otros locales de la calle Ricardo Soriano, vía principal de Marbella, valorados en 5,3 millones. La diferencia a favor de la empresa, de 500.000 euros nunca fue abonada. GFC Inmobiliaria vendió el edificio de Puerto Banús días después por 7,2 millones, un 33% más de lo que había pagado.

Hasta julio de 2007, los locales de Ricardo Soriano no se habían escriturado como propiedad municipal ni se les había dado uso; de hecho fueron embargados en 2005 por una deuda de la empresa propietaria, aunque se levantó la medida después. El Ayuntamiento los quería para ampliar las dependencias de Urbanismo.

El órgano fiscalizador subraya que el Ayuntamiento llegó a negociar con propiedades que ni siquiera eran municipales y no exigía a las personas con las que firmaba los convenios que acreditasen la titularidad de las fincas recalificadas. "Esta circunstancia permitió que se suscribieran convenios con arrendatarios de fincas prescindiendo de propietarios, con empresas que ni eran ni fueron propietarias de los terrenos y con otras que negociaban con el Ayuntamiento antes de adquirir las parcelas recalificadas", recoge el escrito.