La rivalidad nacionalista impide el rechazo a la sentencia del 'caso Ekin'

Los condenados en el macrosumario 18/98 contra el entorno de ETA, también conocido como caso Ekin, se quedaron sin el respaldo del Parlamento, que ayer se negó a mostrarles su solidaridad y a denunciar como "político" su proceso. De las 56 personas juzgadas, 47 fueron condenadas, 31 de ellas por integración en banda armada -de ellas cinco en grado dirigente- y las otras 16 por colaboración.

Ninguno de los dos textos que ayer sometieron a debate en el pleno, el de EHAK, por un lado, y el tripartito por otro, prosperó. Los 33 votos del PSE y PP derrotaron ambas iniciativas, después de que sus promotores se demostraron incapaces de transaccionarlas ni quisieran respaldar la del otro, pese a la práctica identidad de los contenidos de ambas.

El debate reveló de nuevo la competencia sin piedad que existe en este momento y en estas cuestiones entre los partidos del Gobierno y EHAK, que ya en el pleno de la semana pasada retiró una iniciativa sobre las ilegalizaciones para evitar que el tripartito la votara. Ayer ambas partes prefirieron la derrota a una votación conjunta y se abstuvieron en la del contrario. Todo ello a pesar de la advertencia del portavoz del PNV, Joseba Egibar, sobre la debilidad que comporta la desunión "ante lo que pueda venir en el futuro".

"Si no se puede trabajar a favor del euskera o de la cultura, pronto veremos reflejado en algún código que ser vasco supone un delito", aventuró. Así pues, prosiguió Egibar mirando a los escaños de EHAK, "ha llegado la hora de mirarnos a los ojos y decirnos la verdad, frente a un Estado que practica el divide y vencerás; o el dividamos, que ya se enfrentarán, aquí, allí, o en la calle". "La responsabilidad está en nuestras manos, no en la otra parte", añadió.

Entre ambas propuestas no existían apenas diferencias. La original, presentada por EHAK, tenía una redacción algo más dura terminológicamente, aunque la enmienda del tripartito también endureció su texto para facilitar la incorporación de Aralar. Los grupos del Gobierno, que ya tachaban el proceso de "político" y le atribuían haber condenado "el pensamiento político, objetivos económico-empresariales, culturales y sociales", así como haber instaurado "un estado de excepción". Pero a propuesta de Aralar aceptaron incluir que se ha perseguido "criminalizar" la construcción social, cultural, nacional y política de Euskal Herria. La enmienda excluía la petición de secundar "movilizaciones" que contenía la de EHAK, si bien accedieron a hacer ese llamamiento aunque con una redacción más ligera, que hablaba de "iniciativas por la restitución de derechos fundamentales y libertades básicas". Todo en balde. La portavoz de EHAK, Nekane Erauskin, anunció su abstención.

El PSE no quiso participar en el debate, aunque su portavoz, José Antonio Pastor, intervino brevemente desde el escaño para advertir de que intentar que el Parlamento "proteja a condenados por la justicia" supone degradar a la Cámara. Pastor señaló al PNV que iniciativas como la suya de ayer son equivalentes a otras del PP, que los propios peneuvistas han acusado a los populares de llevar a la Cámara "para crispar". Valoró por ello que detrás existe "una disputa entre EHAK y el tripartito por conquistar espacios electorales".

El portavoz del PP, Carlos Urquijo, advirtió primero de que el contenido de las propuestas podía ser constitutivo de delito. "Es de juzgado de guardia, y no es una licencia poética", le dijo a Egibar sobre su enmienda. Después reprochó al PNV que tras treinta años de democracia "siga cuestionando la limpieza del Estado de derecho, y, lo que es más grave, que lo haga para acompañar a ETA".