El Bloque se desmarca de las acusaciones de la Fegamp

Los representantes del BNG en ayuntamientos de la provincia de Ourense, encabezados por el alcalde de Allariz y vicepresidente segundo de la Fegamp, Francisco García, acusaron ayer a los alcaldes de PSOE y PP de seguir una estrategia partidista "intentando frenar el cambio transformador" impulsado desde las áreas de gestión nacionalista de la Xunta.

García compareció junto al teniente de alcalde de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, los regidores del BNG de Castrelo de Miño, Rairiz de Veiga y A Bola y de los tenientes de alcalde de Amoeiro, Coles y A Rúa, para expresar el malestar por las críticas de la Fegamp respecto "a dos pilares básicos" de la gestión del BNG en la Xunta: la Ley de Servicios Sociais y las reformas normativas sobre la vivienda.

Los regidores del BNG orensano aseguraron que trabajarán "duramente" desde sus municipios, para "superar el inmovilismo político que quiere que las políticas gallegas de vivienda y bienestar sigan en la atonía de los gobiernos de Fraga". Respondieron al presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, del PSOE, señalando que este organismo no presentó alegaciones a los anteproyectos de las leyes. Los alcaldes y concejales nacionalistas esperan que ambos proyectos salgan adelante "en beneficio del proceso transformador que los ciudadanos reclaman". Fernández aseguró el martes que los dos informes de la Fegamp críticos con los proyectos de Servicios Sociais y Vivenda se aprobaron "por unanimidad", aunque con "objeciones" por el BNG.

Quintana

El vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, mientras, aseguró que se escucharán las aportaciones de la Fegamp a la Ley de Servicios Sociais, pero advirtió de que la norma "se tiene que aprobar". Quintana apuntó que la Fegamp conoce el anteproyecto de esta ley "desde hace siete meses", un período "en el que pudo hacer sus sugerencias".

La Xunta, agregó, se dará "un par de días" para estudiar esas sugerencias, para "discutir y llegar a un punto de encuentro". "Nuestro deseo es hacer las cosas con consenso y con diálogo, pero también con firmeza", añadió, informa Europa Press.

Asimismo, recordó el vicepresidente que la ley obligará a las instituciones públicas a invertir un 7% de sus presupuestos en servicios sociales, y apuntó que esa cantidad "no es mucho", al tiempo que se preguntó "en qué otra cosa mejor se puede gastar el dinero de los ayuntamientos". Quintana también acusó de estar "equivocados" a los alcaldes que se oponen a las nuevas normas en materia de vivienda.