El juez ratifica que en la etapa de Pujol se cobraron comisiones del 20%

Ratificación de pe a pa. El juez de Barcelona que investiga el supuesto pago de comisiones a constructores en la época de Convergència i Unió (CiU) ha dictado una segunda resolución en la que confirma que existen indicios para pensar que esos hechos ocurrieron y que la empresa de la Generalitat Adigsa exigió a los constructores el 20% del importe de las obras que cobraron por rehabilitar viviendas. Por ese motivo, el juez se ratifica en que la investigación del caso está cerrada y acuerda que continúe la tramitación para celebrar el juicio.

Dos años después de que la fiscalía se querellara por ese caso, el juez dictó el pasado 28 de junio lo que en términos jurídicos se llama auto de acomodación al procedimiento abreviado (véase EL PAÍS de 16 de octubre). Es una decisión que se acuerda cuando el juez cree que hay indicios de criminalidad. La otra alternativa posible es archivar del caso. Las defensas de los imputados, entre ellos todos los directivos de Adigsa, recurrieron contra aquella decisión y ahora el juez ha rechazado de plano esas alegaciones e insiste en lo que dijo entonces: que al constructor Juan Antonio Salguero se le exigieron comisiones del 20% en la rehabilitación de unas obras públicas y que éste tuvo que pagar 108.000 euros.

En la decisión de hace unos meses, ahora ratificada, el juez relataba la participación concreta de Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, presidente y consejero delegado de Adigsa en la última etapa del Gobierno de Jordi Pujol. También precisaba que José María Penín era un intermediario en aplicar el llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos para el partido Convergència i Unió". En esta causa están inculpadas ocho personas y entre ellas figuran también el arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa en aquella época, y Xavier Sala, responsable económico de la empresa.

Cuando hace meses se conoció la resolución judicial, los portavoces de CiU dijeron que era nula porque la Audiencia de Barcelona había ordenado el peritaje de unas viviendas y que, por tanto, el caso estaba reabierto. Fue el mismo argumento que se dijo incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, sin embargo, el juez es contundente frente a esas argumentaciones: "Con respecto a la prueba pericial pendiente de practicarse, no se considera que pueda afectar al contenido de la presente resolución por tratarse tal valoración de un aspecto puramente accesorio que no afecta a la existencia material de los hechos que se imputan".

Ese peritaje sigue pendiente de elaboración y, mientras tanto, las defensas han vuelto a recurrir contra la resolución judicial ante la Audiencia de Barcelona. Javier Melero, abogado de Falcó, ha ido incluso más allá y ha presentado un incidente de nulidad. Su intención es que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona revoque toda la investigación. "Se han violado las normas esenciales del procedimiento. La única prueba de cargo que existe es un supuesto perjuicio por una pericial de parte", afirma Melero. Su cliente es ahora teniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Badalona.

La opinión del abogado contrasta con el parecer del juez, quien después de defender la legalidad de su decisión, añade: "Otra cuestión es que pueda resultar más o menos del agrado la extensión en la descripción de los hechos, su contenido o incluso la forma de redacción". Por ello, el juez insiste en "la concurrencia de indicios bastantes para la continuación del proceso y enjuiciamiento de la causa".