El decreto del golf bloquea el uso de agua potable para el riego

Después de cuatro años de forcejeos entre varios departamentos de la Junta andaluza, el llamado decreto del golf ha visto por fin la luz. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la norma que regula las condiciones en implantación de los campos de golf, que el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, calificó de "vanguardista y pionera". La última de las polémicas del rosario de discrepancias que ha padecido este decreto -la posibilidad de que se pudieran regar con agua de abastecimiento urbano en casos excepcionales-, ha quedado finalmente suprimida. La Consejería de Medio Ambiente manifestó su oposición a que se abriera cualquier rendija para al uso de agua potable, por pequeña que fuera, si bien los requisitos que se exigían en el anterior borrador hacían prácticamente imposible que fuera autorizado.

La redacción de este artículo, que se refiere sólo a los campos de interés turístico, menciona ahora únicamente que el plan hidrológico de la cuenca podrá autorizar si hiciera falta "otras fuentes" distintas de las del agua regenerada o depurada, que es el tipo de riego que se establece con carácter general, pero deja claro que "no se utilizarán caudales destinados al consumo humano para el riego de los campos de golf".

Zarrías subrayó este extremo de modo más gráfico y dijo tajantemente que no se utilizará "ni una gota". La implantación de un campo de golf deberá estar prevista expresamente en el Plan General de Ordenación Urbana correspondiente y sólo podrá llevarse a cabo en espacios con las debidas condiciones físicas, ambientales, paisajísticas y de suficiencia de infraestructuras y servicios.

Como norma general, quedan prohibidos los usos residenciales vinculados, si bien se establece la exepción de los campos de interés turístico, instalaciones a las que se exigen requisitos de calidad más selectivos y en los que se permitirá construir viviendas con baja densidad. Estos campos deberán estar contemplados expresamente en planes de ordenación subregional.

El consejero dijo ayer que en realidad el decreto es una "moratoria encubierta" que pretende evitar la construcción de urbanizaciones de viviendas con el pretexto del campo de golf. "Se trata de separar el grano de la paja y parar que se levanten un millar de viviendas porque a un ayuntamiento le venga bien, si tener en cuenta los servicios que requieren este núcleo, dos veces mayor, por ejemplo que mi pueblo [Cazalillas, Jaén]".

El consejero explicó también que la demora para aprobar el decreto ha sido tan extensa porque "hemos esperado a tener el pacto de la vivienda, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y llegar a un consenso entre intereses muy distintos"