El Pentágono pide la pena de muerte para seis presos de Guantánamo

El Pentágono, actuando como la parte acusadora, pidió ayer la pena de muerte para seis detenidos en la base naval de Guantánamo por su presunta implicación en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron 3.000 personas. Esta es la primera vez que los fiscales del tribunal militar de Guantánamo presentan cargos contra detenidos relacionados de forma directa con aquellos ataques terroristas y, por tanto, es también la primera en la que pide la máxima pena.

La decisión reaviva el escándalo sobre la irregularidad del centro de detención en la isla cubana y presenta un desafío más al ya de por sí controvertido sistema de comisiones militares que hasta la fecha no ha puesto en marcha ni un solo juicio.

Los seis detenidos afrontan cargos por conspiración, asesinato, terrorismo, prestar apoyo material, secuestro, atentar contra civiles y violar las leyes de guerra, entre otros. Los fiscales militares de Guantánamo tienen pruebas suficientes, en su opinión, para pedir la pena capital para Jalid Sheij Mohamed, considerado el cerebro de los atentados y presunto responsable del asesinato del periodista David Pearl; Mohamed al Qahtani, bautizado como el secuestrador número 20, que nunca llegó a subirse en los aviones usados en los ataques; Ramzi Bin al Shibh, principal intermediario entre los secuestradores y los líderes de Al Qaeda; Alí Abd Al Aziz, sobrino de Mohamed y su lugarteniente en 2001, y Mustafa Ahmed al Hawsawi y Walid Bin Attash, quienes participaron en el entrenamiento de los terroristas del 11-S. "Si existe un caso merecedor de la pena de muerte es éste, aplicable a individuos que formaron parte de un crimen de semejante escala", declaró un alto cargo del Departamento de Defensa.

La acusación tiene un largo camino que recorrer. Fuentes judiciales apuntaban ayer a que si "el sistema de Guantánamo ha sido hasta ahora incapaz de manejar casos mucho más sencillos", las probabilidades de que tenga éxito en esta ocasión son remotas. Para empezar, una vez presentados los cargos que merecen la pena de muerte, la juez militar Susan Crawford, encargada de supervisar las juntas militares, deberá aprobar o rechazar la petición del Pentágono. Si la petición es ratificada, se daría paso a un juicio, posiblemente después de que George Bush deje la presidencia. Es bastante probable que cualquier otro presidente modificase las reglas en Guantánamo.

Si comenzara un juicio, los fiscales deberían probar los hechos de los que se acusa a los imputados. Entonces jugará en contra de las intenciones del Pentágono el hecho de que, al menos sobre uno de los acusados, Jalid Sheij Mohamed, el mismo Departamento de Defensa ha reconocido que su confesión en los delitos que se le imputan fue obtenida a través de la coerción. Mohamed fue interrogado bajo la conocida técnica del waterboarding o asfixia simulada con agua, considerada tortura por los grupos defensores de los derechos humanos. Cualquier imputación sobre un crimen que haya sido obtenida a través de la fuerza no es válida en un tribunal. Y además, en última instancia, una pena de muerte sobre los seis acusados supondría casi la inmediata revisión de la sentencia por parte de un tribunal de apelaciones civil que en última instancia podría acabar en el Tribunal Supremo de la nación, con lo que el proceso podría alargarse años.

Incluso si a los detenidos se les sentencia con la pena máxima, se tardarían meses, puede que años, para que se ejecuten las sentencias. Entre otras razones, por causas de índole práctica, ya que, que se sepa, en Guantánamo no existe corredor de la muerte ni sala de ejecución. El sistema militar de justicia, que no se aplica en Guantánamo, establece que los condenados mueran por inyección letal. Pero el Ejército no ha ejecutado a nadie -seis militares tienen recurridas sus sentencias a muerte en este momento- desde 1961.

EE UU busca la pena de muerte para seis presos de Guantánamo