Vivenda rebaja la exigencia de pisos protegidos en municipios medios

Un recorte a la baja de última hora reducirá las obligaciones de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes respecto a la construcción de viviendas protegidas. La ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, que establecerá los porcentajes de pisos a precio tasado en los ayuntamientos gallegos, elevará al 40% la reserva de suelo obligatoria en los grandes municipios, tal y como estaba previsto, pero en el resto el porcentaje desciende del 30% al 20%. El proyecto legislativo será aprobado por el Consello de la Xunta este mismo mes.

La reforma de la ley satisface las demandas de la Consellería de Política Territorial, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y organizaciones empresariales, que consideraban excesiva la obligatoriedad de reservar el 30% en ayuntamientos pequeños, donde la demanda de pisos a precio tasado está muy lejos de la que se registra en las ciudades. Para que la rebaja al 20% sea efectiva, los ayuntamientos deben solicitarla a la Consellería de Vivenda, que emitirá un informe favorable siempre que se justifique documentalmente la inexistencia de demanda de pisos sociales.

No será el único cambio introducido en el último momento en la ley. A petición de la federación de municipios, y con el objetivo de desbloquear el proyecto, el departamento que dirige Teresa Táboas renuncia a exigir a los ayuntamientos que destinen la mitad de su patrimonio municipal de suelo a viviendas sociales. Dicho patrimonio está constituido por los aprovechamientos lucrativos del 10% a favor de los ayuntamientos, de carácter obligatorio. Ese porcentaje, establecido por la Ley del Suelo, se puede destinar a usos dotacionales, equipamientos y vivienda protegida, aunque en la práctica muchos alcaldes optan por monetarizarlo.

Según el anteproyecto inicial, todos los ayuntamientos deberían destinar la mitad de ese aprovechamiento a construir viviendas con algún tipo de protección, y se prohibía su sustitución por una cantidad en metálico. Finalmente, Vivenda descarta prohibir la monetarización de los aprovechamientos y se limita a recomendar que la mitad se destine "preferentemente" a pisos sociales.

Las reclamaciones de Fegamp y Política Territorial han sido asumidas por Vivenda con poco entusiasmo, aunque con la voluntad de desbloquear un proyecto considerado crucial y que en las últimas semanas corrió el riesgo de encallar. Fuentes próximas a la negociación de la ley sostienen que Vivenda acabó por aceptar ante la convicción de que los cambios no afectarán a la parte fundamental del proyecto legislativo, la que atañe a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, donde se concentra la principal demanda de viviendas protegidas de Galicia.

Los cambios se producen, curiosamente, cuando el anteproyecto legislativo ya había superado todos sus trámites previos, entre ellos los informes del Consello Consultivo y del Consello Económico e Social. Por lo demás, la ley mantendrá otras medidas que Vivenda considera fundamentales, entre ellas la que obligará a los promotores de suelo urbanizable de uso residencial a ceder a la Xunta al menos el 5% de la superficie total, para destinarla a viviendas de promoción de titularidad pública y ofrecerlas en régimen de alquiler a las familias con rentas más bajas.

Otra de las novedades de la ley, que según declaró Táboas se podría aprobar en el Consello del próximo jueves, consiste en la obligación a los promotores de construir acompasadamente las viviendas libres y protegidas, para evitar que éstas se posterguen indefinidamente, como es habitual. Las reservas de suelo para pisos a precio tasado deberán localizarse de forma que se evite su concentración.