El juez de Málaga investigó al administrador nombrado por Urquía

El titular del Juzgado de instrucción número 11 de Málaga, Juan Francisco Barroso, investigó al administrador judicial nombrado por Francisco Javier de Urquía en su etapa de instructor de la trama de blanqueo de capitales denominada caso Hidalgo, para determinar si colaboraba en un supuesto plan para obtener ocho millones de euros a cambio de facilitar la venta de una sociedad intervenida judicialmente.

El interventor controló una veintena de empresas

El magistrado vincula al juez De Urquía, apartado del juzgado número dos de Marbella, y a sus dos amigos y empresarios Arnaud Fabrice Bouhair e Igor Mier, a una supuesta extorsión. En la causa, ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), De Urquía está imputado por cohecho, prevaricación y revelación de secreto, mientras que Bouhair y Mier están acusados de revelación de secreto y cohecho. El administrador judicial, Alfonso López-Pozas Lanusa, no ha sido imputado en la investigación del TSJA a Urquía.

Según la investigación, Igor Mier ofreció el trato a un empresario que resultó ser testigo protegido en la causa. "Esta persona representa al grupo de sociedades relacionadas con el hotel Puente Romano, que se hallaba pendiente de una posible venta en los próximos meses de septiembre y octubre del presente año y que no podría llevar a cabo, dado que se encuentra intervenido judicialmente", señala el magistrado en un auto.

El administrador se convirtió entonces en una persona clave para conseguir este objetivo, algo que hizo a la Guardia Civil seguir sus pasos. Fuentes cercanas a López-Pozas señalan que, hasta el momento, no ha sido citado a declarar en el proceso. "Esa venta tenía que ser propuesta por el administrador, aunque quien tenía la última palabra era el instructor del caso Hidalgo, que en aquellos momentos era Manuel Martín Hernández-Carrillo", explican fuentes judiciales consultadas.

Entre las conversaciones intervenidas a López Pozas, los investigadores destacan varios fragmentos en los que el administrador menciona la venta de la sociedad Nonante. Inciden en que esta sociedad es la misma de la que hablan el testigo protegido e Igor Mier en sus conversaciones para liberarla de medidas cautelares. "Llama la atención cómo el administrador manifiesta: 'por lo visto me comentan que hay cinco ventas más para solicitar, eso me lo han dicho, lo que pasa es que bueno, a mí ellos, de momento, me tienen que proponer, yo lo tengo que visar, digamos, de alguna manera", subrayan.

La administración de todas las empresas intervenidas fue adjudicada a López Pozas en mayo. Bajo su responsabilidad había una veintena de sociedades, entre las que estaban el propio despacho de abogados Cruz Conde, la asesoría Santa Ana, los hoteles Puente Romano y Marbella Club y dos petroleras.

El administrador trabajó a las órdenes de Urquía dos meses. A partir de entonces rindió cuentas sobre su trabajo al nuevo instructor, el magistrado, Manuel Martín Hernández Carrillo. Fue éste quien decidió en noviembre prescindir de los servicios del administrador e imponer una responsabilidad civil a los imputados de más de 520 millones de euros. El dinero serviría de garantía de que los diez principales imputados iban a restituir sus responsabilidades pecuniarias por presunto delito contra la Hacienda Pública.