El juez Urquía, vinculado a una estafa millonaria en Marbella
Una funcionaria informaba al magistrado suspendido
El titular del juzgado de instrucción número 11 de Málaga, Juan Antonio Barroso, ha vinculado al ex magistrado de Marbella Francisco de Urquía con un "plan perfectamente diseñado" tanto por el propio Urquía como por un empresario marbellí, entre otras personas, "cuya finalidad sería la obtención de ocho millones de euros en una cuenta en Suiza".
El juez Barroso, en un auto emitido el pasado 19 de diciembre, en el que ordenaba prorrogar las escuchas telefónicas de la Guardia Civil sobre los supuestos implicados en la trama, relata cómo el editor marbellí Igor Mier ejerció de conseguidor para lograr que se levantara el embargo que pesaba sobre el hotel Puente Romano. Este establecimiento estaba intervenido judicialmente en la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales, instruida en abril por el juez Urquía, quien en medio de la instrucción fue suspendido de su cargo tras descubrirse que supuestamente había recibido pagos del cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, actualmente en prisión.
Mier pedía por sus gestiones con sus "amigos de Madrid" -el juez Barroso entiende que bajo está denominación se esconde el juez Urquía- cantidades entre 5,4 y ocho millones de euros al representante hotelero. Lo que no sabía Mier, editor de la revista de lujo Social Life, es que el hotelero actuaba como testigo protegido de la Guardia Civil.
Para lograr sus objetivos, según los investigadores, Mier se apoyaba presuntamente en su amistad con Urquía, quien a pesar de estar apartado del juzgado, tenía la esperanza de ser reintegrado en poco tiempo al mismo. Además, se mantenía al corriente de lo que sucedía en su antiguo juzgado a través de una funcionaria, llamada Marisa Álvarez, según recoge el auto.
Al versar la investigación sobre un magistrado, el juez Barroso no era competente para llevar la instrucción de este supuesto caso de estafa al empresario hotelero. Debía haberse inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por esta razón, el alto tribunal andaluz ha declarado nulas de pleno derecho todas las escuchas practicadas al juez Francisco de Urquía, tanto las salientes de su teléfono como las entrantes desde otros terminales.
En las escuchas insertadas en el auto, algunas anuladas por el TSJA, Mier, Urquía, el amigo de éste, Arnaud Fabrice Bouhair, y el administrador judicial del hotel nombrado por Urquía cuando instruía el caso Hidalgo, se cuidan mucho de dar pistas de sus actos. De hecho, son conscientes de que sus teléfonos están siendo intervenidos.
Sin embargo, el juez Barroso cita una conversación entre Urquía y Mier "presuntamente relacionada con el contrato de compraventa" de la revista Social Life "con el que se pretende ocultar la operación". Además de estafa, el juez Barroso ve indicios de cohecho, extorsión, prevaricación y revelación de secretos.
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