Chiclana quiere embargar 20 garajes a la Junta por una deuda

El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) no está dispuesto a perdonar las deudas. El consistorio, gobernado por el PP en coalición con IU, PA y PSA, ha solicitado el embargo de 20 garajes situados en unos pisos de realojo construidos por la Junta en la barriada de Astilleros, en Cádiz. Reclama una deuda de 230.500 euros que, según el gobierno local, debe la administración autonómica por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de varios edificios que mantiene la Junta en la localidad.

Ante la acumulación de la deuda, el Ayuntamiento ha recurrido a esta medida extrema. Lo curioso es que el embargo lo solicita sobre unos bienes que se encuentran en otra población, Cádiz, y que, además, acaban de ser subastados entre vecinos del barrio. El 23 de enero, la Oficina de Rehabilitación de la Junta adjudicó las plazas de garaje de tres edificios, entre ellos, las 20 cocheras de la calle Emilio Castelar, que son las que ahora reclama el consistorio chiclanero. Para el gobierno local es precisamente el hecho de que las plazas hayan salido a subasta el que demuestra que son patrimonio de la Oficina de la Junta.

Los 230.500 euros de deuda corresponden, en parte, a diez años de impago del IBI de un centro de mayores del Instituto Andaluz de Asuntos Sociales. La Junta debe también, según el Ayuntamiento, los pagos de cuatro años de este impuesto sobre los centros concertados que la delegación de Educación tiene en Chiclana. Asimismo, se reclama una deuda por el IBI de los pisos municipales que son ahora propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

La delegación de Hacienda de la Junta va a investigar si las delegaciones de Igualdad, Obras Públicas y Educación, de las que dependen los supuestos organismos deudores, han recibido una carta de apremio de pago. Se trata de un paso previo obligatorio antes de solicitar un embargo. Si no es así, la Junta recurrirá la decisión del Ayuntamiento de Chiclana por un defecto de forma. En caso de que la carta haya sido enviada, la administración autonómica deberá estudiar las reclamaciones del consistorio chiclanero y bien pagar la deuda o bien recurrirla si considera que no se ajusta a lo que realmente debe.

En cualquier caso, e incluso si el embargo fuera ajustado, la Junta debe analizar la situación actual de los garajes de Astilleros. Han formado parte de su patrimonio hasta hace dos semanas, pero sus nuevos propietarios ya han sido designados. El plazo para la firma de las nuevas escrituras finaliza en 15 días. La Oficina de Rehabilitación confía en que antes de esa fecha se haya resuelto el conflicto con el Ayuntamiento chiclanero, para que los vecinos del barrio no sufran el embargo.

La decisión del consistorio choca con la postura del Ayuntamiento de Cádiz, que desde hace años reclama a la Junta una deuda que cifra en más de cinco millones de euros. Sin embargo, el consistorio nunca ha optado por solicitar un embargo.

Según el concejal delegado de Hacienda en Cádiz, José Blas Fernández, en este caso la deuda no la han contraído empresas públicas u organismos dependientes de la Junta, sino la propia administración, lo que imposibilita un embargo. "Las administraciones son inembargables, por eso cada vez que reclamamos el pago de la deuda, el proceso muere cuando llega a este punto", explica.

El consistorio gaditano ha buscado otras alternativas: "Hemos pedido a la administración central que las transferencias del Estado a la Junta sean embargadas y nos den a nosotros el patrimonio, pero estas transferencias también son inembargables". El Ayuntamiento tampoco puede, a cambio, dejar de abonar sus deudas a la Junta, por lo que debe tratar de llegar a un acuerdo.