Julián Muñoz suma cuatro años de prisión tras su quinta pena de cárcel por urbanismo

En menos de una semana, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, se ha llevado dos serios varapalos en los juzgados. Si el pasado día 1, el ex regidor fue condenado a un año de prisión por conceder una licencia para levantar un edificio de diez plantas sobre una parcela calificada como zona verde, ayer se conoció que el juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado a Muñoz y a la también ex edil Marisa Alcalá a otros doce meses de cárcel por dar luz verde a la construcción de un edificio de 108 viviendas en un suelo destinado a equipamiento deportivo.

La sentencia, hecha pública ayer por el juzgado, supone la quinta condena de cárcel que recibe Julián Muñoz por prevaricación urbanística. El ex alcalde marbellí, ingresado en la cárcel de Alhaurín de la Torre ha acumulado hasta ahora penas que suman cuatro años de prisión. Sin embargo, tanto la pena conocida ayer como la del pasado día 1 no son firmes todavía.

Los hechos por los que han sido condenados Muñoz y Alcalá se remontan a marzo de 1998, cuando ambos eran concejales del equipo de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), bajo el mandato del Jesús Gil. En esa sesión, se aprobó la licencia de un edificio con 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida Príncipe de Asturias, en el núcleo marbellí de San Pedro Alcántara. El suelo sobre el que se levantó el bloque había sido destinado a pistas de deporte en un plan parcial para esa zona fechado en 1982 y que desarrollaba el Plan General de Ordenación Urbana de 1968, vigente entonces en el municipio porque el PGOU de 1986, el único con validez actualmente, no había sido publicado en ningún boletín oficial.

En el nuevo PGOU de Marbella, elaborado por la Junta de Andalucía y todavía sin aprobar, la parcela expoliada se recalifica como zona residencial. Sin embargo, a la hora de fijar la pena, el juez Manuel Sánchez no tiene en cuenta esta nueva calificación urbanística y se fija en "el perjuicio producido por pérdida de posibilidades de equipamiento deportivo de la ciudad".

En la misma sentencia se absuelve a otros cuatro ediles al no quedar probado que estuvieran presentes en la junta de Gobierno a la hora de votarse esta licencia. El juez determina la nulidad de la licencia de obra, sin embargo, siguiendo la jurisprudencia, afirma que no procede el derribo del edificio "al no haber sido traídos al procedimiento como responsables civiles" los titulares de los permisos.