El Gobierno formaliza una queja al CGPJ contra su vocal Juan Pablo González

Los servicios jurídicos del Gobierno enviaron ayer una dura queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra su vocal para Euskadi Juan Pablo González por un artículo de prensa en el que le atribuyó "tolerancia" y "connivencia" con ETA.

El Ejecutivo mantiene en pie su intención de presentar una querella contra González. La portavoz, Miren Azkarate, explicó que el texto se halla en fase de elaboración y se presentará previsiblemente la semana próxima. Entre tanto, el Consejo de Gobierno adelantó en su reunión de ayer la queja, que remitió acto seguido al CGPJ, con la petición de que evite descalificaciones y corrija "de manera concreta" comportamientos como el denunciado.

González, uno de los dos vocales para el País Vasco del órgano de gobierno de los jueces, acusó al Gabinete en el contexto de las manifestaciones contra el fallo del Tribunal Supremo en el caso Atutxa, de facilitar la penetración de ETA en la sociedad vasca con su "connivencia y tolerancia" y de proporcionar cobertura a la banda. El triprtito aprecia en esas palabras no sólo "una ofensa directa y desmedida", que va más allá de la crítica "admisible" y del derecho a la libertad de expresión, sino una imputación presuntamente delicitiva.

El Ejecutivo se siente acusado de "complicidad, confabulación e incluso conspiración y beneplácito con la actividad terrorista de ETA". Más aún, considera las afirmaciones del vocal "una imputación calumniosa de colaboración con banda armada". Todo ello "es susceptible de constituir un delito de calumnias e injurias previsto en el artículo 504 del Código Penal", señaló la portavoz, apuntando la orientación que puede seguir la querella en preparación.

En su escrito al CGPJ, el Gobierno señala que González faltó a la "mesura y el sosiego" exigibles a su doble condición de juez y vocal y le atribuye la intención de "difamar y denigrar ante la opinión pública" al Ejecutivo. Azkarate afirmó que González mantiene "animadversión" al Gobierno y daña también al propio Poder Judicial.