González Pons acusa al Gobierno de perseguir al sector inmobiliario
El candidato del PP propone un heterogéneo paquete de medidas económicas
El candidato del PP por la circunscripción de Valencia, Esteban González Pons, acusó ayer al Gobierno, y a la vicepresidenta y candidata María Teresa Fernández de la Vega, de perseguir "a promotores, constructores y el mercado de segunda residencia" en la Comunidad Valenciana. O dicho de otro modo, si el paro de enero ha alcanzado cifras récord es por culpa de los socialistas, que han querido estigmatizar uno de los motores de la economía, la construcción, en las autonomías gobernadas por el PP. Como alternativa al PSOE, González Pons abogó por exportar el modelo valenciano a la política nacional para evitar que la economía española entre en recesión.
El cabeza de lista del PP por Valencia quiso ayer adelantarse y avanzar 24 horas sus propuestas en materia de política económica. La razón estaba en que hoy lo hará, en el mismo escenario y con similar auditorio, Fernández de la Vega, que será presentada por el vicepresidente económico Pedro Solbes. En su alocución, González Pons contó con una almibarada presentación del vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, como aval.
El popular aboga por menos IRPF, más suelo y jubilación flexible
Pons cree que el modelo del Consell es extrapolable a España
El resultado fue una presentación de propuestas electorales heterogéneas ante un auditorio de altos cargos de la Generalitat y representantes patronales, convocado por la conservadora Fundación Luis Vives.
Así, en su intervención, González Pons presentó un cóctel de argumentos en el que mezcló las propuestas reivindicativas del Consell que preside Francisco Camps -la insuficiencia del modelo de financiación autonómica, la derogación del trasvase del Ebro y el retraso en el AVE y el corredor mediterráneo- con las promesas electorales ya realizadas por Mariano Rajoy -simplificación de los tramos del IRPF, deducción de 1.000 euros en la declaración de las mujeres trabajadoras, nueva legislación que incremente el suelo urbanizable de los municipios-. Todo ello bien adobado con un buen paquete de porcentajes e indicadores destinados a convencer al auditorio de la horrorosa gestión económica del Gobierno socialista.
Extremo para el que González Pons no tuvo que sudar mucho la camiseta. De hecho, todas las propuestas de González Pons debían estar claras porque las preguntas de los asistentes a su alocución fueron: ¿qué harán cuando el sistema de pensiones quiebre dentro de 15 años?; ¿van a ganar el 9-M?; valore la medida de los 400 euros de Zapatero; ¿quién querrá pactar con el PP? y ¿cómo le sentó que Fernández de la Vega se querellase contra usted el día que lo designaron candidato?
Ni una sola pregunta sobre las propuestas del candidato del PP por Valencia, que en cuanto pudo aparcó los porcentajes, los impuestos, el IPC y la dureza de conceptos económicos. De hecho, González Pons evitó responder al propio título de su conferencia. Un sugerente ¿Por qué un café, 200 pesetas? Hasta el punto de que González Pons habló más de la leche y el agua que del café, aunque sugirió que si Mariano Rajoy forma gobierno, el café, seguramente, será más barato.
Así las cosas, el cabeza de lista del Partido Popular acabó poniendo el acento en su enfrentamiento con la candidata socialista y en su deseo de que haya un debate cara a cara.
"Me ha presentado una demanda [por atentado al honor] una persona que como vicepresidenta tiene acceso a los servicios secretos, la Guardia Civil y los medios de comunicación públicos", prosiguió González Pons, "me siento intimidado. Es un gesto de chulería, amenazador sobre mi libertad de expresión".
"De la Vega no va a aceptar un debate cara a cara porque no podrá desmentir su realidad en Valencia, porque allí no habrá policía ni guardia civil que me haga callar", remachó el candidato al Congreso de los Diputados. González Pons insistió en que la vicepresidenta duerme en Valencia en un hotel y no en la casa donde está empadronada y que tanto ella como sus familiares se han beneficiado de la legislación urbanística que critican.
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