Chamizo critica las carencias de la Junta en dependencia

Ni la red social ni la red sanitaria están preparadas para atender las necesidades de los mayores que carecen de autonomía en Andalucía. En un informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo andaluz, se describe a los recursos sociales como "el talón de Aquiles del sistema de atención a la dependencia" y a los sanitarios como insuficientes. Ambos, entre sí, pecan de "falta de coordinación" para actuar con los dependientes mayores.

El estudio del Defensor se hace eco del informe del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), que estimó la población dependiente en 679.000 personas, muy por encima de los 202.000 calculados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuando echó a andar la ley de la Dependencia. Según el IEA, las personas sin autonomía para tareas básicas que superan los 65 años son 486.707.

La mayoría puede permanecer en su entorno gracias "al cuidador informal", que no recibe retribución por ello. "Este modelo no parece viable a corto y medio plazo ante la nueva realidad familiar de nuestra sociedad", alertan los autores del informe. Y la oferta institucional no está, sigue el estudio, preparada para relevar al entorno "dado el crónico déficit de plazas y prestaciones".

Sanidad sin geriatría

Andalucía está peor dotada que la media española en ayuda a domicilio (2,83 usuarios por cada 100 frente a 3,54 en España) y residencias (10,58 plazas públicas por cada mil mayores de 65 años frente a 16,77 en España). "Tan sólo los ratios de cobertura del servicio de teleasistencia, unidades de estancia diurna y subvenciones para adaptación funcional del hogar sitúan a Andalucía en niveles idénticos o superiores a la media nacional", comparan.

Durante la presentación del informe en el Parlamento, José Chamizo censuró los "retrasos" en la aplicación de la ley. "Las cosas tienen que cambiar porque el punto de partida no es bueno", dijo. En 2007 se solicitaron valoraciones para 88.000 personas, de las que 40.770 han sido calificadas como grandes dependientes, una cifra que supera también los 34.000 previstos por el Gobierno.

La Oficina también es muy crítica con el sistema sanitario, que no contempla la atención geriátrica especializada "a pesar de su reconocimiento como derecho" en el Estatuto de Autonomía. Sólo tres hospitales, indican, tienen unidades de geriatría.