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Manuel Lamela, de gestor en la sombra a estrella política

El actual consejero de Transportes de Madrid, Manuel Lamela (PP), se convirtió en marzo de 2005 en una estrella de la política nacional. Con el llamado caso Leganés le llegaron los focos y la notoriedad en todo el país, pero para entonces el que era el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ya llevaba una amplia y soterrada carrera a sus espaldas.

Nacido en Burgos en 1962, ingresó en el PP -entonces, Alianza Popular- a los 18 años. A los 26 sacó las oposiciones de abogado del Estado. En 1992, con 30 años, ya trabajaba en el Ministerio de Economía y Hacienda. Ahí se encontró con quien sería su principal valedor y amigo en el partido, Rodrigo Rato, de quien fue jefe de Gabinete en 2003. Y ahí empezó a hacer méritos con su eficacia y dureza. Poco a poco se labró fama de experto en "resolver crisis", aunque siempre en la sombra.La primera actuación importante de Manuel Lamela en la gestión de una crisis fue la elaboración -algunos dicen que fue el principal autor- del informe en el que el primer Gobierno de Aznar se basó para acusar a sus antecesores socialistas de aprobar una amnistía fiscal "para sus amigos" de más de 1.200 millones de euros. El informe armó revuelo, pero la denuncia -como en el caso Leganés, ahora rebautizado como caso Lamela- no pudo probarse.

En 1997, Lamela dejó Economía para ser subsecretario de Agricultura, primero con Loyola de Palacio y más tarde con Miguel Arias Cañete. Siempre en segundo plano, se forjó una imagen de duro y hábil. Él mismo presumía en 2005 de haber superado durante ese periodo "al menos seis crisis" de la envergadura de la creada por las acusaciones de sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa. Entre ellas figuran algunas tan sonadas como el inicio de las vacas locas en España, las subvenciones fraudulentas del lino (en las que se vio implicado Cañete) o la aparición de un cancerígeno, el benzopireno, en el aceite de orujo exportado a la República Checa, con sus consecuencias: suspensión del comercio y miles de agricultores indignados.

En 2003 fue nombrado consejero de Sanidad por Esperanza Aguirre. Lamela dejaba de estar en segundo plano y pasaba a ser, por primera vez, número uno. Además, cambiaba de padrino. De Rato, pasó a convertirse en una de las primeras espadas del Gobierno regional de Aguirre y, por extensión, en baluarte de la oposición del PP a la política sanitaria del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Con la presidenta conectó bien. Como su jefa, Lamela se considera adscrito al sector "más liberal" del PP. Por ejemplo, fue uno de los invitados -y asistentes- al único matrimonio gay celebrado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Su primer objetivo como consejero fue cumplir la promesa de la presidenta regional de reducir la lista de espera a un mes. No lo logró, pero ideó un sistema de cómputo del tiempo que aguardan los madrileños para ser operados que permite maquillar las cifras, aun a costa de que la Comunidad de Madrid fuera expulsada del sistema de cómputo nacional.

También se las apañó para que Aguirre cumpliera otra de sus promesas: construir ocho hospitales. Para ello puso en marcha un sistema novedoso de gestión privada (una empresa construía el hospital y el Gobierno regional se comprometía a arrendarlo), aunque no llegaron a tiempo para que los centros funcionaran antes de las siguientes autonómicas, en 2007.

Seguro y enérgico, Lamela no se arredra por las contradicciones. Cuando los informes sobre el hospital de Leganés le quitaban la razón, nombró una comisión a dedo para que le fabricara otros informes a su medida. En abril de 2005 había dicho que "las sedaciones excesivas, las indebidas y las no practicadas, que también hubo, están escritas en las actas". "Yo no me guío para tomar decisiones por lo que dice la opinión pública", afirmó entonces ante el aluvión de críticas. Y no iba a permitir no tener razón.

Por eso, cuando el Colegio de Médicos preparaba otro contrainforme, decidió trasladar el tema a la fiscalía. Con ello se aseguraba que el asunto se prolongara lo suficiente para que no llegara una sentencia hasta pasadas las siguientes elecciones, por si acaso.

Mientras el caso Lamela seguía su curso procesal, el consejero no estuvo quieto. Rompió el acuerdo sobre el calendario de vacunación infantil al que habían llegado todas las comunidades. También lideró la oposición a la ley antitabaco que había aprobado el Gobierno, elaborando un decreto que reducía el efecto de las medidas de protección de los no fumadores.

Tras las elecciones de mayo de 2007, Aguirre le nombró consejero de Transportes. Con ello se le apartaba de las consecuencias del previsible desenlace adverso de la judicialización del caso Leganés. Además, se le compensaba dándole una cartera lucida (las infraestructuras son uno de los fuertes del Gobierno regional), a la vez que se le permitía enfrentarse a otra de las crisis que tanto le gusta resolver. En este caso, el funcionamiento del metro.

"Hay muchas personas que tienen muchas ganas de que me marche, pero me temo que van a tener que aguantarme un poquito más", aseguró en la única entrevista que ha concedido a EL PAÍS desde que estalló el caso Leganés. El pasado sábado insistió en esta posición: "No nos hemos equivocado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de febrero de 2008