La isla de Ons es del arzobispo

Cesáreo Pérez, uno de los dos colonos de Ons que viven en la isla todo el año, dice que la experiencia aconseja a todos los vecinos actuar al margen de la ley. Ons arrastra una discusión secular sobre su propiedad y hoy, integrada en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, todavía hay una familia, la de los Riobó, que reclama dinero a la Administración después de que un juez sentenciase que la isla era de ellos. Entre tanto, los derechos y los deberes de los vecinos (los únicos junto con los de Picos de Europa que viven en un parque nacional) no están definidos, y cada vez que quieren plantar un árbol, llevar un perro, una moto, un chimpín o echar una mano de pintura a la casa tienen que pedir permiso a la sede de Parques en Vigo. Pero como la respuesta se dilata y nunca llega, cuenta Cesáreo que lo mejor es "hacer" sin pedir licencia. "Éste es un paraíso para los infractores", asegura Susana Otero, presidenta de la asociación vecinal Illa de Ons, "el que pide permiso es el perjudicado, porque a él nunca se lo dan y, mientras, los otros hacen lo propio a escondidas, sin importarles que lo que antes era infracción administrativa sea ahora delito penal".

"Éste es un paraíso para los infractores", dice la presidenta de un colectivo vecinal

El deán Salustiano Pazos falseó la historia al decir que Ons era del Cabildo

De cinco licencias que se dieron para abrir pozos, "se hicieron 22". Y entretanto, Arturo Dios, O Negro (en Ons todos los hombres tienen mote; las mujeres ni una), no consigue, desde hace cinco años, que le den el visto bueno para arreglar "la ratonera", tres galpones en ruinas que levantaron sus tatarabuelos y que, tal y como están, afean bastante el paraje natural.

Los colonos defienden sus derechos adquiridos a lo largo de 200 años y afirman que el Estado, la Xunta, los Riobó o quienes sean sólo los podrán echar si antes los matan. En su lucha, hace mucho tiempo que buscaban un documento, el Foro de la Isla de Ons, por el que, en 1562, el arzobispo Gaspar de Zúñiga cedía el usufructo y la jurisdicción civil y criminal del archipiélago al redondelano Antonio Sarmiento de Montenegro. A cambio de este alquiler perpetuo, el hidalgo, con grandes alharacas y las manos puestas en el corazón, se comprometía a un pago anual de 10 ducados y a rendir obediencia y pleitesía al arzobispo.

Este escrito se creía desaparecido y ningún historiador podía presumir de haberlo visto. Pero, por casualidad, un licenciado en Historia lo encontró sin buscarlo. José Manuel Pereira, que tiene en su haber el premio Ferro Couselo de investigación, lo halló mientras buceaba en el Archivo Diocesano de San Martiño Pinario. Buscaba información para la tesis doctoral que todavía no ha acabado (Pesca y vida urbana en la Ría de Pontevedra. 1500-1800), y se tropezó con el fuero. Allí se demostraba que la isla de Ons no era del Cabildo, el gobierno de la Catedral de Santiago, sino directamente de la persona del Arzobispo, como representante del Apóstol en este mundo.

Cuando se produjo la Desamortización, que arrancó con Godoy en 1798, el Estado expropió al Cabildo, creyéndolo propietario de las islas de Ons y Onza, y no a su verdadero dueño, el arzobispo. Así que, legalmente, y si no fuera que la isla fue inmediatamente subastada y pasó luego por mil manos, la isla seguiría siendo propiedad de la figura del arzobispo, hoy Julián Barrio Barrio, por un defecto de forma; porque la desamortización de Ons estuvo montada sobre un bulo.

Pereira (al que ahora el Patronato de las Islas le ha pedido su investigación) siempre había creído, como todo el mundo, la historia oficial de la isla. Desde 1954, cuando el entonces deán de la catedral, Salustiano Pazos, escribió su versión interesada (como cabeza del Cabildo) en un número de Cuadernos de Estudios Gallegos, todos los historiadores han dado por intocable esta fuente. Nadie discutió sus teorías hasta que apareció el fuero. Después de hallar el manuscrito, Pereira buscó en el Tumbo A de la catedral todos los documentos a los que se refería Salustiano Pazos, y comprobó que el deán había falseado la historia.

En una época en la que nadie más que él tenía acceso a los archivos de la catedral, el sacerdote aseguraba que, según el tumbo, un libro en el que la iglesia registraba sus privilegios y las escrituras de sus pertenencias, en 899, Alfonso III donó a perpetuidad la isla al Cabildo. Pero lo cierto es que el Tumbo A dice que la donación se hizo al Apóstol y a su representante, el arzobispo. Entre otras cosas porque, hasta 120 años después, la archidiócesis no tuvo cabildo.