Israel deberá limitar el uso de las bombas de racimo

El Gobierno israelí esgrimió, contra el criterio de los organismos internacionales de derechos humanos, que las bombas de racimo eran un arma legal. Y las emplearon a mansalva en la guerra contra Hezbolá, en el verano de 2006. Todavía, de vez en cuando, causan víctimas mortales y mutilaciones de campesinos y niños que pisan los artefactos en el sur de Líbano. La Comisión Winograd, que el miércoles hizo público su informe sobre la gestión del conflicto, recomendó que el Ejército no vuelva a disparar los citados proyectiles. Es un duro golpe a los argumentos del Ejecutivo de Ehud Olmert, que insistió en la legitimidad de las acciones de guerra emprendidas. "El modo en que se utilizaron no es conforme a la legislación internacional", reza el texto de la comisión oficial.

Miles de esas bombas fueron lanzadas sobre territorio libanés, y la desactivación completa de las pequeñas cargas explosivas que dispersan, del tamaño de un teléfono móvil, se ignora cuándo concluirá. Es frecuente toparse en el sur de Líbano con zonas prohibidas al acceso y se recomienda no salir de muchas carreteras. Los proyectiles están compuestos por miles de pequeñas bombas que "se diseminan sobre una gran extensión. Algunas de ellas no explotan y pueden causar daños por un largo periodo de tiempo", añade el informe.

Asesores no militares

La recomendación de no lanzar las bombas de racimo no tendrá consecuencias prácticas. Sólo en el caso de que se desatara una nueva guerra se podrá comprobar si el Gobierno israelí de turno acata esa sugerencia. La comisión estima oportuno que "elementos no militares" asesoren en el futuro sobre el uso de ciertas armas a la luz del derecho internacional.

Haciendo encaje de bolillos, aunque sin negar su veracidad, la comisión critica otros hechos que los soldados israelíes ejecutaron durante el conflicto de 34 días: el daño desproporcionado causado por bombardeos de edificios habitados por gente desarmada -la matanza de Qana, en la que perecieron decenas de personas ajenas a la guerra-, la destrucción de infraestructuras civiles, y el empleo de escudos humanos. "No estimamos apropiado abordar asuntos que forman parte de una campaña de propaganda de guerra contra el Estado", apuntan los miembros de la comisión.