Tiro por la culata

La estrategia del PP de recurrir por inconstitucionales prácticamente todas las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria socialista no es una novedad de esta legislatura. En este punto, el PP está reproduciendo la estrategia que puso en práctica AP en la legislatura de 1982 a 1986. Con el mismo resultado a tenor de las sentencias que están siendo dictadas por el Tribunal Constitucional.

En la legislatura del 82 al 86 fue más grave, porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) preveía un recurso previo de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas. Dicho recurso previo, que no figuraba en la Constitución, sino que se introdujo en nuestro ordenamiento a través de la mencionada ley orgánica, se pensó para que se hiciera uso del mismo, en el caso de que fuera necesario, en la negociación de los Estatutos vasco y catalán. Pero se introdujo con carácter general para todos los Estatutos y leyes orgánicas. La peculiaridad del recurso consistía en que transformaba el control de constitucionalidad posterior en un control de constitucionalidad preventivo, quedando la ley recurrida suspendida en su vigencia hasta tanto se pronunciaba sobre ella el Tribunal Constitucional.

La estrategia de oposición de AP consistió en recurrir preventivamente no los Estatutos de Autonomía, que no fue recurrido ninguno, sino prácticamente todas las leyes orgánicas aprobadas por la mayoría socialista. El objetivo era claro: como la ley recurrida quedaba suspendida en su vigencia y el tiempo que el Tribunal Constitucional tardaba en resolver el recurso, aunque considerablemente menor que el que tarda en este momento, era bastante dilatado, AP conseguía que el programa legislativo de la mayoría socialista se viera privado de eficacia. El abuso del recurso previo fue de tal naturaleza, que la LOTC fue modificada para eliminarlo de nuestra fórmula de justicia constitucional. El oportunismo de AP privó al sistema de un instrumento, que posiblemente hubiera podido ser útil en los procesos de reformas estatutarias de esta legislatura. El PP ha estado reivindicando en estos últimos años la reposición del recurso previo, pero, a la vista de su trayectoria, es imposible atender dicha reivindicación.

En esta legislatura el PP ha seguido, como digo, la estrategia de aquella primera legislatura de Gobierno socialista, es decir, ha pretendido prolongar el debate político en sede parlamentaria ante el Tribunal Constitucional, intentando convertir a dicho Tribunal en una suerte de tercera cámara, que podría revisar lo decidido por las dos primeras.

La estrategia es perversa, ya que devalúa, por un lado, el debate parlamentario y dificulta cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo entre los distintos partidos a lo largo del íter legislativo, y desnaturaliza la función de la justicia constitucional, que no es la de revisar el programa político del partido que ganó las elecciones, sino la de evitar que se incorporen al ordenamiento jurídico normas que son anticonstitucionales.

Cuándo se puede considerar que una norma es anticonstitucional es materia opinable. Pero que nada menos que 30 leyes aprobadas en una legislatura sean consideradas anticonstitucionales, es tan manifiestamente desproporcionado, que no se puede dejar de pensar que estamos ante una estrategia política, que no tiene mucho que ver con lo que es la jurisdicción constitucional.

Lo peor de esta estrategia es que, cuando no consigue su objetivo, acaba conduciendo a poner en marcha otra de deslegitimación del Tribunal Constitucional. Es lo que está empezando a ocurrir. Las reacciones de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría a la sentencia sobre la paridad en las listas electorales hablan por sí mismas.