Torrevieja 'olvida' el 90% de derribos por sanción urbanística

Un informe del Defensor del Pueblo revela que el Ayuntamiento de Torrevieja no ejecuta las órdenes de demolición en el 90% de los expedientes por infracción urbanística incoados. La institución que dirige Enrique Múgica resalta "la pasividad" del Ayuntamiento que preside Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, a la hora de restituir la legalidad urbanística cuando resuelve los expedientes sancionadores, pese a contar con un negociado específico para ejecutar subsidiariamente los derribos cuando el infractor no cumple la orden. Múgica advierte a la alcaldía, cuya gestión fue puesta como ejemplo para España por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la semana pasada, de que remitirá el informe a las Cortes Generales.

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El informe, desvelado ayer por el grupo municipal de Los Verdes y con fecha del pasado 1 de diciembre, se produce a raíz de la queja de una vecina de Torrevieja. Ésta denunció la arbitrariedad del Consistorio al resolver dos expedientes por infracción urbanística en un mismo edificio. De acuerdo con la denuncia, en uno de ellos se ejecutó la demolición de la obra ilegal, y en el otro el Ayuntamiento no cumplió la orden de acometer subsidiariamente el derribo.

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto "su extrañeza" ante el hecho de que una Administración pública no ejerza sus competencias -en este caso, de disciplina urbanística- para impedir actos ilegales. "Este Ayuntamiento constituye una rara avis en el mundo local al tener previsto en el negociado correspondiente la ejecución subsidiaria, aunque en la práctica se llegue a un porcentaje bajo por la caducidad de la acción", señala la resolución de Múgica. "Pero lo grave es que el Ayuntamiento diga que es el negociado correspondiente quien tiene prevista la ejecución subsidiaria (que, sin embargo, no realiza en un 90% de los casos) cuando es la ley la que tiene prevista la ejecución subsidiaria".

El pasado año, el Consistorio abrió 400 expedientes por infracciones urbanísticas. El alcalde, en el cargo desde 1997, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias en la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.El informe del Defensor del Pueblo sobre la eficacia del Ayuntamiento de Torrevieja a la hora de hacer cumplir la legalidad urbanística es demoledor. Múgica, sobre la base del informe remitido a la institución por los técnicos municipales, señala que "no sólo en el presente caso [la queja particular de una vecina], sino en muchos otros, puede estar el Ayuntamiento incurriendo en falta de diligencia". El titular de la máxima institución de amparo de los ciudadanos ante supuestos abusos de las administraciones va más allá y censura al Consistorio por limitarse a sancionar y, en cambio, no ejecutar las demoliciones previstas en los expedientes por infracción urbanística: "No basta la imposición de sanciones, puesto que lo cierto es que las obras ilegales objeto de esta queja persisten en la actualidad, cuando en realidad este resultado podría haberse evitado, si ese Ayuntamiento hubiera actuado con la diligencia debida y hubiera intervenido a los efectos, no sólo de sancionar a los responsables, sino primordialmente ejecutando subsidiariamente y a costa del obligado a ello, la orden de demolición, dictada en su día", dice textualmente el Defensor del Pueblo en su resolución.

José Manuel Dolón, portavoz de Los Verdes en el Consistorio, que cuentan con dos concejales, señaló ayer que el informe de Múgica pone de manifiesto "que el Ayuntamiento de Torrevieja no protege la legalidad urbanística". "Es más, pensamos que, en muchos casos, el Ayuntamiento se convierte en el principal infractor urbanístico", puntualizó Dolón. "El hecho de que sólo se cumpla el 10% de las órdenes de demolición implica una clara discriminación con respecto al 90% de los infractores amnistiados". En este apartado, Dolón incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz, "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".

El concejal de Los Verdes sacó a colación otra serie de expedientes de infracción urbanística por obras ilegales, básicamente en la zona del centro histórico de la ciudad, con resultado diverso en cuanto a su resolución final, pese a que la ilegalidad era la misma. Entre estos casos destacó las obras de ampliación de tres áticos en un inmueble del número 7 de la calle de Orihuela. "En dos de ellos se procedió al derribo de la obra ilegal, y en el tercero se mantuvo", precisó. Casos similares se repiten en obras de las calles de Patricio Pérez, Maldonado, Bazán y Ramón Gallud -en esta última, y en concreto en el número 33, ubica un ático ilegal propiedad de Domingo Soler, concejal del PP, que no ha sido derribado-.

Aparte de las infracciones urbanísticas cometidas en el centro, Los Verdes señalan que esta práctica también se hace extensiva al sinfín de urbanizaciones levantadas en el extrarradio de la localidad. "Aquí, nos encontramos, como en el caso de la urbanización de la Torreta, con chalés ilegales, que en unos casos han sido derribados, y en otros el PP ha hecho la vista gorda y ha permitido que la edificación siga en pie", explicó Dolón.

Los Verdes sostienen que la localidad, cuyo censo acaba de superar los 100.000 habitantes, pasando a convertirse en la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana, acumula medio millar de casas ilegales (construidas sin la aprobación previa de las licencias). "Este dato y el varapalo del Defensor del Pueblo ponen en evidencia la forma de gestionar el urbanismo que practica el PP en el Ayuntamiento de Torrevieja y demuestra muy a las claras la estrecha relación existente entre la actividad urbanística, el tráfico de influencias y otras formas de corrupción política", aseveró Dolón.

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, sobre el informe del Defensor del Pueblo.