679.000 andaluces se declaran dependientes para tareas básicas

679.088 andaluces se declaran dependientes. Necesitan ayuda para vestirse, asearse, comer, tomar medicinas, moverse por su casa o cualquier actividad básica de la vida cotidiana. O todo al mismo tiempo. Son los datos recogidos en el estudio Dependencia y solidaridad en las redes familiares (Instituto de Estadística de Andalucía, 2007), que saca a la luz una realidad a la que debe responder la Ley de la Dependencia.

Una realidad más generalizada que la prevista por los impulsores de la ley que convierten las ayudas a las personas sin autonomía en un derecho universal. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales estima que la población dependiente en Andalucía es de 202.147 personas, un tercio escaso de lo recogido por el IEA. Y ni siquiera se hacían eco del medio millón de personas "con discapacidad para actividades de la vida diaria" que calculó el Libro Blanco de la Dependencia en Andalucía, utilizado por el Gobierno para tantear la realidad de las personas sin autonomía, calcular la demanda del nuevo derecho y determinar el modelo de financiación.

Los autores del trabajo del IEA justificaron la diferencia numérica entre su investigación y la del Libro Blanco por varios elementos: el documento estatal ofrece cifras de 1999 "a través de indicadores objetivos" mientras que el andaluz se elabora a partir de "la percepción subjetiva de cada individuo" en 2005.

Según declararon en la encuesta del IEA, 532.865 de los dependientes recibían algún tipo de apoyo de familiares, amigos, empleados, ayuda domiciliaria o teleasistencia, pero la cifra de los desatendidos ronda los 150.000.Estas 150.000 personas son un colectivo que se nutre de discapacitados, enfermos y mayores. En cualquiera de las tareas básicas examinadas por el IEA (ver gráfico) se contabilizan más de 320.000 dependientes, lo que indica que los cálculos del Ministerio de Trabajo son claramente a la baja.

La Consejería para la Igualdad considera prematuro juzgar si las previsiones del Gobierno sobre la población dependiente se ajustan a la realidad o están diagnosticadas a la baja, según un portavoz. En cualquier caso, aclaran que no peligra la financiación. "Se ha convertido en un derecho universal, igual que la atención sanitaria. A nadie se le puede negar, el dinero será el que haga falta", indicó el portavoz.

Hasta el pasado 18 de enero, se habían presentado más de 86.000 solicitudes para realizar la valoración de dependencia. El 73% tienen ya dictámenes de valoración. Unas 15.000 personas, según Igualdad, ya reciben algún tipo de prestación: residencia, estancia diurna, ayuda a domicilio, teleasistencia o prestación económica. En algunos casos se trata de personas que ya recibían esa ayuda, aunque ahora bajo el paraguas de la nueva ley.

El Gobierno calculó para Andalucía 34.000 grandes dependientes, los únicos que podían recibir ayudas en 2007. Para este año se amplía a los dependientes severos. Pero cualquier persona puede solicitar ser valorada aunque su grado de dependencia sea moderado o leve, lo que todavía no le daría derecho a recibir ayudas públicas.

En 2008, la Junta destinará a "servicios en materia de dependencia" unos 270 millones, de los cuales casi el 58% serán para pagar prestaciones económicas.