El presidente de la Asociación de Propietarios irá a juicio por 'mobbing'

Al banquillo. El presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, será juzgado por mobbing inmobiliario supuestamente ejercido contra dos ancianas de una comunidad de vecinos que administraba. La fiscalía ya ha presentado escrito de acusación contra él y solicita dos años de cárcel por coacciones. En el banquillo también se sentará Esther Guisasola Sagala, la propietaria de las viviendas en las que viven las mujeres, en el número 18 de la calle de Urgell de Barcelona.

La fiscalía cree que Pahissa y Guisasola actuaron coordinados para "entorpecer, perjudicar y dificultar los actos de vida cotidiana de las inquilinas". También asegura que "les hicieron la vida imposible para lograr que abandonaran sus pisos".

La propietaria de los pisos también irá al banquillo por coacciones

Las mujeres son viudas y ocupan dos de los tres únicos pisos del edificio, que tiene otras siete viviendas vacías. Pagan una renta muy baja, ya que una la ocupa desde hace 35 años y otra desde hace 67.

¿Cómo se concretó el mobbing? Lo relata el fiscal después de las declaraciones que prestaron Dolores Prados Marín y Leonie Carretas Tubet, de 76 y 79 años, respectivamente.

En 2004 se instaló el ascensor en el edificio, pero el fiscal asegura que Pahissa y Guisasola acordaron desconectar los botones de la tercera planta en la que viven las ancianas, así como el interruptor para que lo pudieran utilizar. También se colocaron tomas de entrada de la antena colectiva en todos los pisos, excepto en el de las dos ancianas, "sin ninguna justificación, y sin exigir incremento de la renta por esa mejora", dice el fiscal.

A las inquilinas también se les ha negado el acceso al terrado de la casa para poder realizar reparaciones. También se instalaron contadores independientes de agua en cada vivienda. En todas, excepto en las de las dos ancianas y en otro piso de la planta primera que también está ocupado.

Desde el fallecimiento de sus esposos respectivos, hace más de 15 años, las mujeres han reclamado la subrogación de los contratos, pero sus peticiones no sólo han sido rechazadas, sino que Pahissa ha seguido enviando los recibos a nombre de los difuntos.

"Muchos meses ni pasa los recibos al cobro para provocar el impago y podernos desahuciar, pero nosotras siempre depositamos la renta en Correos", explica Dolores Prados. "Lo único que ha cambiado desde que denunciamos el caso es que el ascensor ya para en nuestra planta porque dijimos que lo arreglara un operario que vino una vez.. Lo demás sigue igual", explica.

El caso que acabará en juicio se inició a finales de 2006, cuando las dos ancianas denunciaron el mobbing inmobiliario ante el Ayuntamiento de Barcelona. Su relato resultó tan creíble que el Consistorio lo remitió a la fiscalía hace ahora un año porque pensaba que pudiera haber delito. La fiscalía abrió diligencias, envió a la Guardia Civil al edificio, interrogó a las ancianas, tomó fotografías de la situación, habló con Pahissa y finalmente presentó una denuncia en el juzgado de guardia.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona, que hace unas semanas abrió juicio oral contra Pahissa y Guisasola. Los abogados defensores han recurrido esa decisión ante la Audiencia de Barcelona, un trámite habitual en estos casos para intentar evitar el juicio, lo que prospera en raras ocasiones. Lo que sí se consigue con esos recursos es demorar el juicio unos meses.

Pahissa explicó ayer que ignoraba la situación en la que estaba el proceso porque hacía días que no hablaba con su abogado. "Yo me dedico al derecho administrativo. Le he dado libertad de actuación a mi abogado", explicó. Al ser preguntado sobre las actuaciones concretas que explican las vecinas y que relata el fiscal, Pahissa afirmó: "Hay que ver cómo acaba todo. El juez lo aclarará".

Luis Miguel Pahissa administra más de 600 pisos en la ciudad de Barcelona y ejerce esta profesión desde hace 36 años. Fueron él y la diputada del PP Montserrat Nebrera quienes aconsejaron

a Carles Veiret acudir a los medios de comunicación para denunciar que era víctima de los okupas en una vivienda situada en el número 72 de la misma calle de Urgell. Luego se aclaró que la denuncia era falsa, que la vivienda estaba abandonada y que Veiret cobraba dinero a los inquilinos. Además, era el propietario de varios pisos de aquel edificio.