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La Guardia Urbana impuso 1,1 millones de multas en 2007 y realizó 434.000 horas extra

El consistorio justifica las horas por un año "difícil" y CiU pide más guardias

Blanca Cia

La Guardia Urbana de Barcelona impuso el año pasado 1.105.000 multas. El gran paquete de las sanciones -989.828- fue por infracciones de tráfico y el resto por incumplir varias ordenanzas municipales. De esas 116.000, un total de 95.000 correspondió a multas por la ordenanza de civismo y más de 11.000 por incumplir la ordenanza de medio ambiente. En el mismo año los agentes realizaron 434.000 horas extraordinarias.

Ambas respuestas las dio la concejal de Seguridad del consistorio de Barcelona, Assumpta Escarp, a preguntas del grupo municipal de CiU.

Es una cuestión recurrente en las comisiones de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y que suele desencadenar polémica entre el equipo de gobierno y la oposición, en especial por parte de los concejales de Convergència i Unió (CiU) y el Partit dels Socialistes (PSC). Ayer ocurrió lo mismo. CiU, por boca del concejal Joaquim Forn, alegó que más de 400.000 horas extras son muchas, representa algo así como unas 1.200 horas extras por día por el conjunto de los agentes, y que eso pone de manifiesto que se tiene que incrementar la plantilla. El aumento de agentes previsto es de 1.000 guardias a lo largo del mandato. La plantilla actual es de unos 2.600.

Escarp concretó que el coste de las horas extras fue de 6,9 millones de euros: "Fue un año difícil porque nos ha caído todo encima y, pese a ello, las horas extras se redujeron el 6% respecto a 2006". La concejal añadió que algunos episodios como el apagón del mes de julio y el incendio del hospital de Vall d'Hebron supusieron un esfuerzo extraordinario.

Ante las críticas de la oposición de que todos los años se producen hechos extraordinarios y que no es excusa para hacer tantas horas extras, la concejal recordó: "El apagón nos tuvo 72 horas como nos tuvo", y añadió: "Si cada año tuviéramos un apagón de este calibre, hasta yo dimitiría".

Por otra parte, en la comisión de Urbanismo del consistorio se informó de que a lo largo de este mandato municipal el Ayuntamiento promoverá 875 viviendas sociales en la modalidad de derecho de superficie. De esa manera, el municipio retiene la propiedad del suelo y cede la del piso al comprador por un periodo que podría ser de 75 años. Eso asegura, por ejemplo, que se pueda ceder en herencia. 500 de esos pisos ya tienen ubicación concreta en promociones que están en proceso de adjudicación y licitación y el resto se incluirá en cuatro planes urbanísticos que se tienen que desarrollar.

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Sobre la firma

Blanca Cia
Redactora de la edición de EL PAÍS de Cataluña, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en diferentes secciones, entre ellas información judicial, local, cultural y política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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