Los Gobiernos de Pujol no justificaron 1.400 millones en cursos para parados

La Sindicatura de Cuentas -el equivalente catalán al Tribunal de Cuentas- ha detectado un cúmulo de irregularidades en la administración de los fondos europeos para la formación de parados otorgados por el departamento de Trabajo de la Generalitat desde 1990 a 2001, durante los gobiernos de Convergència i Unió (CiU). En su informe, que votará hoy el Parlamento catalán, el organismo fiscalizador denuncia que, de una muestra aleatoria de expedientes investigados, el 95% carecen de facturas justificativas lo que esparce una sombra de duda sobre 1.432 millones de euros que Trabajo otorgó en cursos para desocupados. Según la Sindicatura de Cuentas, esta muestra es lo suficientemente amplia para extrapolar sus resultados al resto de subvenciones concedidas.

El organismo fiscalizador también denuncia que la Generalitat de Cataluña todavía no ha recibido ni un sólo euro de los 4,33 millones que, para empezar, reclama a tres empresas que cobraron sin llegar a impartir los cursos. Las compañías investigadas por la Sindicatura -y ahora en manos de la Justicia- son propiedad de la patronal Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, del empresario andorrano Fidel Pallerols y del Centro de Estudios Ocupacionales de la Mujer. Las dos últimas están relacionadas con Unió Democràtica, el partido de Josep Antoni Duran Lleida, y que gestionó el Departamento de Trabajo durante la década indagada. Concretamente, los jueces investigan las academias de Pallerols por el presunto desvío de dinero para financiar la formación democristiana.

La Generalitat gestionó durante este periodo un total de 1.730 millones de euros -la mayoría procedentes de la Unión Europea-, de los cuales 1.507 se destinaron a cursos para parados. Según el síndico mayor, Joan Colom, el 95% de los expedientes consultados presentan irregularidades contables y administrativas. Las anomalías evidencian el absoluto descontrol con que los gobiernos nacionalistas gestionaron estos fondos.

La Sindicatura ha analizado una muestra de 100 expedientes, entre los que se incluyen los casos bajo investigación judicial, o el denominado caso Movilma -que salpica a los socialistas catalanes-, ya archivado por el juez.

El documento señala que el grupo de empresas de Fidel Pallerols obtuvo 8,57 millones de euros, de los cuales no pudo justificar 1,18 millones, casi el 14% del total. Por su parte, la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, la patronal con sede en Cornellà, percibió 8,2 millones y la Generalitat le reclama 1,94 (el 24% de las subvenciones). Movilma -una red de empresas en manos de militantes del PSC que se benefició de numerosos contratos del Ayuntamiento de Barcelona- recibió 460.000 euros. La Sindicatura denuncia que no ha podido investigar esta firma porque el departamento de Trabajo -que dirige el PSC- no le ha proporcionado la información requerida.

Al Centro de Estudios Ocupacionales de la Mujer, en el que trabajaba una cuñada de Duran Lleida, la Generalitat le reclama 1,21 millones de euros por cursos que no llegó a impartir.