Trabajo no justificó 1.500 millones en los gobiernos de Pujol de 1990 a 2001

"En el 95% de los expedientes de formación consultados no hay facturas justificativas". Éste es un extracto del informe que leyó ayer Joan Colom, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, refiriéndose a la muestra con la que se investigaron los 1.505 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo entre 1990 y 2001 que recibió la Generalitat, en su inmensa mayoría destinados al Departamento de Trabajo, gestionado por Unió.

Esquerra denuncia que la sindicatura practica la 'sociovergencia'

La muestra inicial era de 100 expedientes, pero "por problemas de localización de la documentación" la muestra efectiva objeto de la revisión fue de 88 expedientes. A pesar de que hay miles de expedientes sin tratar ni localizar, para los auditores la muestra es válida. El periodo con más volumen de programación fue el comprendido entre 1994 y 1999.

La Sindicatura de Cuentas reconoció no haber alcanzado el objetivo de fiscalizar los fondos ocupacionales europeos otorgados a las entidades públicas catalanas. Las empresas del andorrano Fidel Pallerols, vinculado a Unió, incurrieron en irregularidades entre 1990 y 2001. También hubo irregularidades en otros fondos, aunque menores, como los destinados a diputaciones como la de Barcelona y a organismos municipales y sindicatos.

La primera de las conclusiones del informe es la "falta de procedimientos sistemáticos en la gestión" de los fondos y la falta de documentación acreditativa de que se llegaran a realizar estos cursos de formación. Y cuando la hay, se obtienen datos como que en un curso de formación de seis meses el índice de absentismo es nulo; es decir, que todo el mundo iba a todas las clases.

La sindicatura se lamenta de que los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con fondos estructurales deben proporcionar una pista de auditoría suficiente, pero "se han detectado rupturas de estas pistas" porque algunas listas de cursos no tienen relación con el total de coste justificado y en otros casos el coste del curso no se corresponde con el importe declarado o bien el expediente no contiene la relación de factura de los gastos que justificar.

Pero la sindicatura, además, admite que "no se ha podido deducir la relación" entre los importes concedidos por la Comisión Europea y las convocatorias de subvenciones de los departamentos de Trabajo e Industra, ya que éstos no indican en qué programa se enmarcan las ayudas convocadas, ni el importe total de los fondos europeos aprobados ni el importe de la parte financiada con cargo a los presupuestos de la Generalitat.

Además el informe de la sindicatura asume que "no se ha podido constatar que se haya ingresado ninguno de los reintegros exigidos como consecuencia de la revocación de subvenciones".

Pero no sólo hay elementos imputables a Unió, ya que el informe presentado ayer expone que falta "documentación justificativa" sobre las acciones en la Diputación de Barcelona entre 1990 y 1997, como el caso Movilma, del que CiU dice que no hay documentación por parte del Gobierno, y las "subvenciones de forma directa" a sindicatos.

El informe no gustó nada a los grupos del PSC y CiU, que según distintas fuentes tantearon el uno al otro para votar en contra. La diputada de ERC Patricia Gomà insinuó que "la sociovergencia puede estar tapando las vergüenzas de algunos".