Errores políticos

Imagino que a estas alturas, que es cuando escribo estas líneas, la actuación de la Delegación de Educación de Sevilla por la que procedió al despido de seis profesoras interinas embarazadas habrá terminado definitivamente. La rectificación por parte de la Consejería de Educación dejando sin efecto los despidos; las disculpas por parte del presidente de la Junta de Andalucía, reconociendo que había sido un error grave estos despidos, dan la impresión que viene a corregir, personal y políticamente, la actuación de la Delegación de Educación en Sevilla. Sin embargo, y aun cuando ya se supone que todo ha pasado, como también que los efectos indeseables han sido corregidos, no puedo dejar de sorprenderme que estas actuaciones se den; que no existan mecanismos que las impidan. Nos movemos en el sector público y con un Gobierno andaluz que en lo que más ha destacado y destaca ha sido en un promover una regulación legal de progreso, dirigida a consolidar y lograr avances sociales.

Es un hecho que no se puede esconder sino que, muy al contrario, hay que destacar, que en estos últimos treinta años la mujer ha protagonizado el mayor avance personal y social en la historia, buscando y alcanzando cotas de una igualdad de la que carecían en épocas muy reciente. Atrás han ido quedando los numerosos agravios que, con protección legal y canónica, venían sufriendo. No es necesario recordar las limitaciones que hasta ayer venían soportando en cuanto a su capacidad de obrar por el hecho de ser mujer o madre. Baste recordar que, si estas limitaciones no hubieran existido hasta fechas recientes, no hubiera sido necesaria la publicación de leyes, tanto a nivel nacional como andaluz, que declararan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y en estas leyes, sin necesidad de acudir a otras complementarias, se declara que el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres implica la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y especialmente, señalan expresamente algunos de sus preceptos, las derivadas por razón de maternidad. Una declaración que no ha tenido en cuenta la Delegación de Educación.

Es probable, incluso se puede admitir, que en ningún momento le haya guiado en su actuar el ánimo de vulnerar esta declaración legal de principios. Es factible, incluso, que la intención de la Delegación haya sido la de atender eficazmente una determinada coyuntura como ha venido realizando normalmente, y en esta haya tratado de evitar una ausencia de profesorado que perjudica a los alumnos. No obstante, y aún cuando haya sido este objetivo el motivo real y causante de los ceses, es de todo punto inaceptable que el mecanismo y el instrumento de solución haya sido aplicar indiscriminadamente un cese de las profesoras en estado avanzado de gestación, presumiendo que han actuado con engaño, mala fe y picaresca. Son atribuciones genéricas y fraudes generalizados que no pueden alegarse por el órgano de un Gobierno que practica una política social de progreso.

Ni el fraude ni el engaño ni la picaresca pueden presumirse en un Estado de Derecho; han de probarse uno a uno. Más aún cuando son mujeres las afectadas y se les imputa la utilización de su embarazo para lograr ventajas laborales. En estas ocasiones, más aún, la Delegación, por su condición pública, tenía que extremar su celo y cuidado. Son muchos lo avances que se han logrado en materia social. Posibles situaciones de picaresca ni pueden ni deben hacer perder la perspectiva y subordinar los criterios de actuación de los poderes públicos en los que tiene que primar el principio de igualdad y una especial protección de la maternidad como medidas concretas de una política social activa, dirigida a corregir las enormes desigualdades que históricamente ha soportado la mujer por el hecho de ser mujer y madre.

Una óptica y una perspectiva que, con las medidas de despido de la Delegación, se habían perdido. La readmisión y el mea culpa, pues, han venido a corregir una actuación que en ningún caso, y menos de forma general, debió darse.