El anónimo que levantó la liebre

El o la denunciante se presentaba como una persona preocupada por el deterioro urbano y rural provocado por las edificaciones ilegales en Córdoba en el preámbulo del escrito que envió a la Guardia Civil el 25 de julio de 2007. La carta no tenía firma, pero sí adjuntaba un plano dibujado a mano en el que se señalaba la ubicación exacta de la parcelación ilegal de Torreblanca. Porque el dedo acusador del anónimo señalaba a esa urbanización y a una pareja de agentes de la Policía Local de Córdoba que trabajan en la unidad de protección del medio ambiente y que se han levantado allí una casa ilegal, según la detallada información que manejaba este desconocido.

El Ayuntamiento mantiene abierta una investigación en este momento para tratar de averiguar si en el seno de esta unidad de la Policía Local, que entre otros cometidos tiene el control de las infracciones urbanísticas, se ha podido cometer alguna irregularidad. Hasta el momento, se sabe que cinco agentes municipales, entre los que está la pareja denunciada de forma anónima, se han construido cuatro edificaciones en un suelo de Torreblanca que compraron a medias en 1997.

El escrito sin firma se recibió en la Guardia Civil el seis de agosto de 2007, según consta en el registro de entrada. Los agentes de este cuerpo visitaron la parcelación, que está en trámites de legalización, aunque todavía no está permitido edificar allí. Y tomaron nota de la matrícula de un vehículo que estaba estacionado en la zona. Posteriormente, el 27 de noviembre, la Guardia Civil reenvía a la Policía Local y a la Gerencia de Urbanismo el escrito anónimo e informa de las pesquisas que ha realizado y de la presencia del coche aparcado a las puertas de uno de los chalés ilegales.

Tres días después, el jefe de la Policía Local de Córdoba responde con otra misiva a la Guardia Civil en la que se detalla quién es el propietario del vehículo. Se trata de Francisco D., uno de los cinco municipales que compraron en 1997 aquel terreno que luego dividieron en cuatro. Sin embargo, éste no es ninguno de los dos miembros del matrimonio de policías al que el escrito anónimo señalaba.

El responsable de la Policía municipal adjunta en su respuesta a la Guardia Civil la relación de denuncias que hay contra el propietario del vehículo. La primera es por la construcción de un "cerramiento" y data de 2000. La segunda es de 2001 por un "cuarto trastero". Y la última está fechada en 2003 y se levanta por la construcción de la casa de dos plantas.

¿Por qué no se facilitó información sobre el resto de agentes y ex agentes con una edificación en esa parcelación? Fuentes municipales apuntan que quizás se deba a que sólo se consideró pertinente adjuntar las denuncias que pesaban sobre el propietario del vehículo señalado. Y estas mismas fuentes esgrimen como un argumento de peso las dos actas de denuncia que constan en los archivos de la Policía Local contra la construcción de los agentes de la unidad medioambiental y contra un tercer policía que actualmente trabaja como guardaespaldas de la alcaldesa Rosa Aguilar. Ambas denuncias tienen fecha de 26 de septiembre de 2007.