La alcaldesa de Marbella vigilará al funcionario que asesora a empresas

La alcaldesa de Marbella (Málaga) quiso dar ayer un voto de confianza a su jefe de Planeamiento, Federico Guardabrazos, y a la coordinadora del Plan General, Isabel Guardabrazos, y confió en que ambos se inhibirán "sin que nadie les diga nada" cuando tengan que resolver sobre las reclamaciones de promotores a los que asesoraron de forma privada para regularizar sus construcciones. "No me cabe ninguna duda de que lo harán con la mayor de la legalidad posible y sabiendo a lo que se tienen que ajustar", dijo. "Aún así, para que no quepa duda, tanto la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría, como yo velaremos para que no participen en estos asuntos", añadió.

El Ayuntamiento marbellí permite a Federico Guardabrazos que asesore por las tardes a promotores siempre y cuando éstos no tengan intereses en Marbella, algo bastante difícil dentro del sector inmobiliario de la Costa del Sol. Esta compatibilidad le ha sido concedida con informes favorables del secretario municipal y lleva aparejada una reducción salarial, señalan fuentes municipales. Guardabrazos percibe 1.900 euros netos al mes.

Hasta la llegada de Muñoz a la alcaldía, Guardabrazos, topógrafo y funcionario municipal, disfrutaba de una excedencia y trabajaba como consultor privado. Entre sus clientes figuraba el promotor Cristóbal Peñarroya, imputado en el caso Malaya y en cuya representación acudió a dos reuniones con técnicos de la oficina de Planeamiento de la Junta de Andalucía. Peñarroya tiene al menos 2.250 viviendas pendientes de regularización en el nuevo Plan General de Marbella. La hija de Guardabrazos, Isabel, está contratada como personal de confianza de la concejal Alba Echevarría y trabajaba en el despacho de su padre, señalan fuentes municipales.

"Ese asesoramiento lo han hecho en periodo de excedencia, mientras no tenían ninguna vinculación con el Ayuntamiento (...). Estoy convencida que igual que hay muchos asuntos en los que se inhiben no solamente técnicos, sino también concejales que no han querido participar en decisiones porque tenían que ver con su actividad profesional antes de ser políticos, en su profesionalidad, harán absolutamente lo mismo", considera la alcaldesa de Marbella.

En los últimos días, el equipo de Gobierno ha dado un paso para reforzar la estructura jerárquica de Urbanismo. Juan Carlos Fernández-Rañada, actual jefe de Costas de Andalucía Mediterránea, se incorporará en febrero como nuevo coordinador. Trabajará a las órdenes de la concejal responsable de área, que en breve tomará la baja por maternidad, y tendrá a su cargo el área jurídica, de planeamiento, disciplina e infraestrucura. El movimiento trata de poner un poco de orden en una concejalía llena de tensiones, que aún tiene por delante la aprobación y gestión del Plan General.

La delegación de Urbanismo de Marbella no es un destino muy ansiado por los funcionarios municipales. En verano el arquitecto Francisco Merino, anterior jefe de Urbanismo pidió su traslado al área de Patrimonio. Merino está implicado en el caso Monteverde, investigación sobre el pago de unos 42 millones de euros a un estudio de arquitectos por proyectos nunca redactados. Guardabrazos se reincorporó a su puesto de adjunto al jefe de Planeamiento tras la llamada de Ángeles Muñoz. Hace las funciones de responsable porque la jefatura sigue vacante.

- Nueva imputación a Barrantes. El ex secretario del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Leopoldo Barrantes ha sido imputado por un delito de falsedad de documentos sobre dos operaciones urbanísticas. Las diligencias del caso forman parte de una pieza separada más del caso Malaya abierta por el titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, Óscar Pérez.

- Fianza para Pedro Román. El ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román abonó ayer la fianza de 200.000 euros que le mantenía en prisión por el caso Malaya. A pesar de que el instructor Óscar Pérez bajó la semana pasada la anterior fianza, de un millón de euros, Román no podrá abandonar la cárcel ya que debe cumplir una condena de un año por un delito urbanístico.