El PP reclama que Interior negocie la reordenación de los grupos de la Ertzaintza

El PP solicitó ayer a Interior la retirada de la orden del director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, en la que se establecía que, en la medida de lo posible, se garantizara la presencia de al menos una mujer y un ertzaina que hable euskera en cada grupo policial de Seguridad Ciudadana. El portavoz parlamentario de Interior del PP, Carlos Urquijo, censuró al consejero Javier Balza por haber "impuesto" esta modificación sin haberla negociado con los sindicatos. Las tres centrales con representación en la mesa de negociación de la Ertzaintza (Erne, ELA y Comisiones Obreras) abandonaron el jueves la primera reunión convocada para negociar el nuevo convenio hasta que Interior retire una orden aprobada "sin contar" con ellas. La ejecución de la orden, firmada el pasado 27 de diciembre por el director de la policía vasca, está pendiente además de una petición de suspensión solicitada por el sindicato mayoritario Erne en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao.

A juicio del parlamentario del PP, la decisión de Interior guarda "poca relación con la eficacia policial, salvo el caso de la presencia de una mujer en una denuncia de tipo sexual". Interior apela a las "necesidades de servicio" para apoyar su iniciativa. Sobre todo, a la presencia de agentes femeninos en las detenciones de mujeres y en casos de violencia sexual y doméstica, y a "otros compromisos institucionales como la atención al ciudadano en euskera".

Denuncia a Emakunde

Urquijo presentó una pregunta para su respuesta por escrito con el objeto de que Balza explique si considera que órdenes como ésta no deben ser negociadas con la representación sindical y si piensa que esta medida contribuye eficazmente a mejorar la seguridad ciudadana.

Además de solicitar en un juzgado bilbaíno la suspensión cautelar de la orden, el sindicato Erne ha presentado ante Emakunde una denuncia por la decisión de Interior. "La modificación efectuada provoca un indudable cambio en la situación profesional de las funcionarias", apunta el escrito, lo que supone la ruptura de lazos de amistad y compañerismo "que redundan en la eficacia del servicio" de manera negativa.

Erne reitera a Emakunde que los nuevos criterios para modificar los grupos de trabajo policiales no son los que se establecen en el convenio vigente y "sólo vienen motivados por la circunstancia del sexo de las funcionarias afectadas". Y "es claro", añade, "que el sexo en modo alguno constituye una necesidad de servicio que "pueda motivar" los cambios de grupo.