El ex director de Urbanismo de Vitoria niega que interviniese en el 'caso Ali'

El anterior director de Urbanismo de Vitoria, Antón Sáenz de Santamaría, declaró ayer a la juez que no participó en la redacción y revisión de la licencia de construcción de siete chalés en el barrio de Ali. La juez Ana Zulueta está investigando la denuncia de la fiscalía contra el ex concejal de Urbanismo, el popular Jorge Ibarrondo, por supuesta prevaricación urbanística al haber permitido la edificación de los siete chalés en ese terreno cuando los técnicos de la concejalía consideraron que sólo era apto para albergar seis.

Ibarrondo, imputado en la causa, declaró a la juez el pasado 22 de noviembre que concedió la licencia atendiendo a los informes que la promotora de los chalés, Salgado Iglesias, presentó en una reunión con técnicos, de la que no ofreció mayores precisiones. El Ayuntamiento había denegado la licencia en varias ocasiones anteriores, a partir precisamente de los informes de los técnicos. El ex edil delegó toda la responsabilidad en la elaboración del permiso en su número dos.

Sáenz de Santamaría declaró ayer durante una media hora y recalcó que no sabía nada del asunto, dejando a Ibarrondo como único responsable de la decisión. Añadió que él no participó en la citada reunión y que tampoco sabe quién pudo acudir a esa cita. "Se ha limitado a decir que lo único que hizo fue revisar la concesión de la licencia", señalaron fuentes del PNV, que está personado en la causa como acusación popular, al igual que EB y Eusko Alkartasuna.

El letrado de EB, José Ángel Esnaola, precisó que Sáenz de Santamaría declaró que "no recibió ninguna orden para revisar el expediente y que no sabe quién hizo la nueva propuesta favorable" a la edificación de los siete chalés.

"Insólito"

Para los abogados de dichas acusaciones, resulta "insólito que nadie sepa nada" sobre los motivos por los que se otorgó la licencia en contra de los informes técnicos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 ha citado a declarar para el próximo día 23 a Alfredo Bengoa, arquitecto del Departamento de Urbanismo, y a Ramón Aldea, arquitecto de la constructora, ambos a propuesta de la defensa.

La fiscalía ha solicitado una nueva medición de la parcela en litigio con el fin de comprobar si se pueden levantar en ella siete casas, como argumenta la promotora. Una vez aportada esta prueba, la juez deberá decidir si abre finalmente juicio oral.