El anticatalanismo le cuesta al Consell once condenas en tres años

El TSJ ha emitido sentencias idénticas por no reconocer Filología Catalana

¿Pueden las Administraciones dictar indefinidamente órdenes idénticas a sabiendas de que serán tumbadas por los tribunales? El Gobierno valenciano es una prueba de que sí que pueden. Desde marzo de 2004, la Generalitat acumula 11 sentencias condenatorias por la misma razón: haber obviado en otras tantas convocatorias que la carrera de Filología Catalana exime del examen de valenciano en las oposiciones a profesor de secundaria. La última se dio a conocer a primeros de enero.

El TSJ califica la acción del Ejecutivo de "empecinamiento en la ignorancia"

"Se trata de un drama que se repite mecánicamente", comenta José María Baño, uno de los abogados que ha representado a las universidades de Valencia y Alicante en media docena de los juicios. ¿No puede acarrear esa insistencia consecuencias jurídica? Los expertos consultados responden que, si se dieran determinados supuestos, el Consell estaría incurriendo en un delito de desobediencia. Pero que esa figura es difícil de probar. Haría falta que las sentencias fueran firmes, que se diera una repetición en la persona de la Administración que firma las órdenes y probablemente también un "apercibimiento" previo, indica, como teoría general, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València Javier Boix. Todos lamentan, en cambio, una conducta que contribuye a sobrecargar el sistema judicial, implica gasto de dinero público y no se dirige a servir a los ciudadanos, sino más bien a lo contrario.

La crítica más dura contra la Generalitat no sale, sin embargo, de ellos, sino de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano: "Sólo el empecinamiento en la ignorancia y el rechazo de los criterios científicos que avalan la unidad lingüística, se manifiesta como exclusiva razón del mantenimiento de la posición contraria por parte de la Generalitat, máxime cuando existen reiterados pronunciamientos jurisdiccionales que desautorizan tales argumentos. Lo que fuerza a este Tribunal a recordar que una de las más elementales exigencias del Estado de Derecho que consagra nuestro texto constitucional es la del imperativo cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, especialmente por parte de los poderes públicos, que deben servir con objetividad a los intereses generales". Literal, de la sentencia 474/06 (28 de abril de 2006).

"La Administración no sólo debe acatar las sentencias, sino también la doctrina", señala Tomás Vives, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Penal en la Universitat de València, quien añade que se trata de "una anomalía muy frecuente", "tenemos unas Administraciones poco obedientes con los tribunales".

Una de las razones que alejan la posibilidad de una condena por desobediencia al Consell es que las 11 sentencias del TSJ son recurribles (de hecho todas han sido recurridas, en línea con esa repetición mecánica) ante el Tribunal Supremo. El primer fallo de este órgano jurisdiccional, que suele tardar unos cuatro años en dictar sentencia debido precisamente a la sobrecarga de casos, se espera que llegue entre este año y el siguiente.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la lengua: lo hizo en marzo de 2006 al obligar a la Generalitat a homologar los certificados de conocimiento de catalán emitidos por los Gobiernos de Cataluña y Baleares. Y lo ha hecho también el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 1997 en la que reconoció el derecho de la Universitat de València a utilizar el término catalán para referirse al valenciano en sus estatutos. De hecho, estas dos sentencias son citadas recurrentemente por el TSJ al fallar sobre las oposiciones de secundaria. Pero su objeto no es el mismo, lo que permite al Consell mantener su táctica.

Lo más paradójico es que, desde hace años, la Consejería de Educación se preocupa de no perjudicar a nadie en concreto. Y exime de facto a los poseedores del título de Filología Catalana del dichoso examen de valenciano por dos vías: considerando que quienes redactan en esa lengua los ejercicios principales de las oposiciones ya acreditan su conocimiento; o, también, homologando el título con el de la antigua Filología Hispánica sección valenciana, una carrera que el Consell sí que reconoce expresamente aunque ninguna universidad del territorio la imparta con ese nombre.

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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