Secuelas de la colza

La colza pringó miles de vidas. De los 25.000 afectados, José Luque Jamardo no fue el peor parado. Enfermó durante 90 días pero no quedó incapacitado. En la sentencia por el llamado "juicio del siglo", dictada en 1989, le concedieron una indemnización de 108.182,18 euros. Luque nunca cobró un euro. En 2001, la Audiencia Nacional dictó un auto en el que declaró que había existido un "error material" al incluirle en la lista de afectados. Ningún recurso de Luque prosperó.

Finalmente puso en marcha una reclamación de responsabilidad patrimonial por el "anormal funcionamiento" de la justicia. Si tiene derecho a una indemnización por esto se sabrá el próximo 12 de febrero, cuando la Audiencia Nacional dicte su sentencia. No fue el peor parado por el síndrome tóxico, pero tal vez sea el más golpeado por las secuelas burocráticas del proceso.

"Se le ha atropellado en sus derechos", afirma su abogada, Margarita Osúa. "No se puede modificar un hecho probado en cuatro sentencias firmes en vías de ejecución", agrega. El fallo de 1989 fue confirmado sucesivamente en otras tres sentencias, incluidas dos del Supremo.

La exclusión de Luque de la lista de afectados se produce tras solicitar que se le liquide la indemnización que le habían concedido. Es entonces cuando la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descubre que sus lesiones aparecen calificadas de dos formas distintas (incapacidad total con patología previa en un caso y afectado asintomático con lesiones de más de 90 días en otro) y pide a los forenses que informen si se ha producido un error, ya que la compensación económica sería diferente.

Tras un plazo de alegaciones, la Audiencia dictó un auto el 11 de septiembre de 2001 donde declaró la existencia de un "error material" al incluir a José Luque entre los afectados y le calificó como "no afectado". El resultado es que no tiene derecho a la indemnización que habían fijado las cuatro sentencias y que le sirvió de garantía para recibir un préstamo del BBVA.

La actuación de la Audiencia, según la letrada, fue "anormal y heterodoxa". "No es una rectificación de errores materiales, es una rectificación de hechos probados y para eso deberían haber hecho una revisión que tiene más garantías para el ciudadano", expone. "En este procedimiento se volvió a interpretar y a valorar toda la prueba que ya había sido valorada por el juez competente", esgrimieron en su escrito de conclusiones a la Audiencia Nacional el pasado julio.

A estas alturas ni siquiera se discute el fondo del asunto: si Luque fue o no afectado. Lo que está en juego ahora es si ha sido víctima de un anormal funcionamiento de la justicia y de si tiene derecho a ser indemnizado por ello. En sus informes, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Estado han reconocido que sí ha existido "anormal funcionamiento" de la administración de justicia, pero sin embargo no reconocen que tenga derecho a ser compensado con dinero por ello.

"Es una barbaridad lo que han hecho porque este hombre tenía un derecho de crédito", se queja la letrada Osúa. Como lo farragoso del litigio de la colza retrasó durante años la ejecución de la sentencia, el BBVA acordó con la asociación de afectados por el síndrome tóxico adelantar una parte del dinero estipulado por los tribunales. A Luque y a su esposa, afectada más gravemente, le concedieron un préstamo de 210.354,23 avalados por la sentencia a su favor. "Cuando me lo dieron es porque sabían que había una garantía del Estado", asegura Luque.

La entidad bancaria le ha llevado a juicio. "Yo no me niego a pagar, pero dentro de mis posibilidades de pensionista", afirma.