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Crónica:LA CRÓNICA | OPINIÓN
Crónica
Texto informativo con interpretación

A la busca del anti-Solbes

Soledad Gallego-Díaz

El problema de basar una campaña electoral en la denuncia de una catástrofe económica, como parece anunciar el Partido Popular, es que no se puede colocar a los ciudadanos ante una desgracia de ese tipo sin presentar al mismo tiempo la solución para evitarla. Por eso sorprende que los populares se hayan embarcado en una operación semejante sin tener siquiera decidido quién será su ministro de Economía, en el caso de ganar las elecciones. La falta de un peso pesado en el área económica ha sido una de las peores losas del PP en lo que va de legislatura, y esa orfandad se ha hecho todavía más llamativa en las últimas semanas, al pretender dirigir el debate político hacia esa área.

El PP se embarca en el anuncio de una crisis sin haber explicado aún quién sería su propio ministro de Economía
Un sector del PP no está dispuesto a retirar el recurso contra el Estatut ni a cambio del apoyo de CiU para poder gobernar

"Necesitamos inteligencia económica", admite un dirigente popular más bien crítico con la intervención de Miguel Ángel Arias Cañete reclamando un "decreto brutal" que enderece la situación económica. "Tenemos que criticar la situación económica en que nos ha colocado el PSOE al final de esta legislatura, pero no dar a entender que nosotros adoptaríamos medidas 'brutales'. Eso no se le ocurre a nadie", protesta.

La intervención de Arias Cañete sonó, por el contrario, a música celestial a los dirigentes socialistas. Primero, porque "decreto brutal" sonaba al famoso "decretazo", las medidas económicas que fueron el primer indicador del hundimiento de José María Aznar. Segundo, porque un anuncio semejante coloca necesariamente a los sindicatos en posición de vigilancia y rechazo. Y tercero, porque los ciudadanos suelen rechazar discursos puramente catastrofistas, sobre todo en el campo económico, si son críticas que no den esperanza o anuncien alivio. La economía española, se apresuró a explicar tres días después el vicepresidente Pedro Solbes en el Congreso de los Diputados, no necesita medidas de choque brutales porque no se encuentra en ninguna situación de crisis.

"Tenemos que presentar pronto ante la opinión pública nuestra alternativa a Solbes", insiste el mismo dirigente popular. "El problema para nosotros en el área económica no es Rodríguez Zapatero, que nunca ha tenido peso ni ha dado la impresión de controlar esa área, sino el vicepresidente Solbes, que sigue transmitiendo una sensación de solidez y con el que deberíamos ser mucho menos complacientes". Pero para ello, asegura, lo primero ha sido siempre tener un contra-candidato solvente, alguien que no sólo anuncie desastres, sino que transmita confianza y la sensación de ser capaz de enderezar y mejorar todo, casi con su sola presencia. Ese papel, admite, no lo cumplen ni Juan Costa, responsable del programa electoral y antiguo ministro bajo el mandato de Rodrigo Rato, ni el mencionado Arias Cañete, que ha actuado como responsable económico en la ejecutiva popular estos cuatro años, pero que nunca ha contado con la confianza del partido como posible ministro de Economía. Hace falta una tercera persona, y la mayoría de los responsables del PP llevan meses mirando en su entorno buscando al elegido, mientras corren los rumores en sus propias filas sobre quiénes han renunciado ya a ese posible papel.

Muchos dirigentes populares confiesan moverse con una sensación de fin de etapa, en uno u otro sentido. Colabora a esa sensación el hecho de que se van a producir, necesariamente, bastantes cambios en el grupo parlamentario popular en la próxima legislatura, entre otras cosas porque, por primera vez, se aplicara la ley que exige una cierta proporción entre candidatos hombres y mujeres. La elaboración de las listas se lleva a cabo en un grupo muy reducido, y algunos veteranos diputados se quejan de que, a estas alturas, no tienen la menor idea sobre si van a continuar en el Parlamento o no.

Entre los responsables populares, animados por las encuestas sobre empates virtuales, comienza a ser frecuente el debate sobre qué precio se podría pagar a CiU si Rajoy consiguiera sacar un diputado más que los socialistas y necesitara aliados. La dificultad es realmente enorme porque nadie concibe que CiU pudiera dar su apoyo al PP sin exigir a cambio la inmediata retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En el PP se hacen cábalas sobre quiénes se negarían en redondo a aceptar la retirada de ese recurso, incluso si eso supusiera perder la posibilidad de gobernar. "Es una cuestión de principio, de discrepancia radical con el modelo de Estado que ese estatuto permite. Para muchos de nosotros es imperioso que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el estatuto catalán, y nunca aceptaríamos la retirada del recurso, en ninguna circunstancia y con ningún motivo", explica, sin vacilar, uno de los diputados que mejor representan esa posición.

Para este grupo, la única salida consistiría en provocar una corriente de opinión que reclamara un acuerdo entre PP y PSOE. "No se trata de una gran coalición, sino de dejar gobernar a quien ha sacado la mayoría relativa porque es quien representa al Estado frente a los nacionalismos", explica el mismo diputado. Una idea semejante fue expuesta la semana pasada por Rajoy e inmediatamente contestada desde las filas del PSOE: inconcebible. ¿En ese caso, el peor de los escenarios posibles, el PSOE se plantearía gobernar pese a tener un diputado o un puñado de votos menos? La respuesta en la mayoría de los casos a ese hipotético y muy improbable escenario ha sido positiva. Aún a sabiendas de que se trataría de una legislatura muy corta.

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