Olano ve en riesgo el pacto si EA lleva el 'decretazo' a la Justicia

La crisis abierta en la Diputación de Guipúzcoa entre sus dos socios de gobierno, el PNV y EA, a cuenta del Impuesto de Sociedades puede agravarse, hasta poner incluso en peligro su continuidad, si finalmente este último partido apoya hoy la judicialización del controvertido decreto que los peneuvistas impusieron el pasado 29 de diciembre. Este decreto, que fijó el tipo de gravamen para las empresas guipuzcoanas en el 28%, el mismo vigente desde el pasado marzo en Álava y Vizcaya, fue derogado ayer por las Juntas Generales. Todos los partidos de la Cámara, salvo el PNV, rechazaron convalidar la fórmula legal adoptada por Markel Olano, el diputado general.

El PNV ya contaba con ello y estaba dispuesto a asumir el precio del varapalo político recibido. Sin embargo, no desea que el conflicto acabe en los tribunales. La Mesa de las Juntas vota hoy una iniciativa socialista que propone llevar el decreto de Olano a la jurisdiccción de lo Contencioso. La propuesta será secundada por el PP y los dos junteros de Aralar, que suman en total 24 escaños. El recurso judicial prosperará si lo apoyan los cuatro procuradores de EB o los siete de EA, que ayer mantenían en secreto su decisión.

El tipo al que tributarán las empresas vuelve a estar en el aire

Si este partido secunda la vía judicial, el PNV lo considerará una auténtica declaración de guerra política con efectos directos en el Consejo de Diputados, según han confirmado fuentes del Ejecutivo foral. EA, que en todo este caso ha defendido ir "hasta el final" para desbaratar el decretazo fiscal de Olano, ha suavizado mucho su postura en las últimas fechas. Tanto es así que podría renunciar a la vía judicial si el PNV adquiere el "compromiso firme" de no hacer uso del texto en lo que resta de mandato, aseguran desde sus filas.

Al margen de la decisión que tome hoy la Mesa, el decreto fiscal ha dejado de tener validez en Guipúzcoa, donde vuelve a regir un tipo impositivo del 32,6%.

Esta situación obliga a las Juntas a abordar este año una nueva reforma del Impuesto de Sociedades. El PNV sostiene que las empresas podrán liquidar los beneficios del pasado ejercicio con arreglo al tipo del 28% que estipula el decreto, mientras que el resto de los partidos, incluida EA, sostienen que la derogación del decreto impide su aplicación y crea inseguridad jurídica a las empresas.

En el debate celebrado ayer en el Parlamento provincial no se abordó este dilema. Los portavoces junteros, salvo el peneuvista, se dedicaron a descalificar la medida de Olano. El socialista Miguel Buen fue el más contundente. En su discurso, instó a la patronal provincial Adegi a "dejar de hacer de correa de transmisión del PNV" en este conflicto fiscal.