Más legitimidad

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana es más que probable que la sangre no llegue al río en ninguna de las sentencias posteriores y que, en conseuencia, los dos estatutos del artículo 151 de la Constitución, el de Cataluña y el de Andalucía, pasen el control de constitucionalidad sin grandes sobresaltos. Lo más probable es que a las sentencias sobre los estatutos catalán y andaluz se les preste una atención discreta y que a todo el mundo le interese pasar página. El ruido ensordecedor que acompañó al proceso de reformas en la primera mitad de la legislatura ha dejado paso a un murmullo apenas audible en el final de la misma. La ferocidad de las declaraciones iniciales ha dado paso a la cansina reiteración de algunos lugares comunes, a los que sin duda se les pondrá el amplificador en algunos de los mítines electorales, pero nada más.

Quiere decirse, pues, que vamos a una legislatura en la que los nuevos estatutos vana empezar a desplegar su eficacia y en la que podremos comprobar muy rápidamente si se ha producido un perefeccionamiento o no del Estado autonómico. Y digo muy rápidamente porque dada la nueva redacción que se ha dado en las reformas estatutarias a las competencias asumidas por las comunidades autónomas, en cuanto empiecen a ser ejercidas comprobaremos si aumentan o disminuyen los conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado.

El aumento o disminución de la conflictividad competencial es el mejor indicador del que se puede disponer para verificar el funcionamiento de cualquier Estado políticamente descentralizado. Una conflictividad alta es la señal inequívoca de una defectuosa constitución territorial. Una conflictividad reducida lo es de todo lo contrario. Con este indicador tendremos que valorar las reformas estatutarias para comprobar si han sido positivas o no.

En muy poco tiempo, como digo, vamos a poder hacer la valoración y comprobar si el Estado autonómico avanzará hacia el caos, como se ha venido pronosticando de manera muy amplia, no solamente desde la filas del PP, sino también desde la pluma de múltiples y variados columnistas de distintos pelajes, o si por el contrario, la conflictividad se reduce y la gestión territorial del Estado se hace de manera más pacífica.

Tengo la impresión de que va a ocurrir lo segundo. En contra de lo que se ha venido sosteniendo en estos últimos años, pienso que el periodo de las reformas estatutarias ha sido un periodo de clarificación. El proceso de reformas estatutarias ha sido el momento de máxima reflexión sobre la constitución territorial del Estado que se ha producido en toda la historia de España. El debate en torno a la reforma de los estatutos ha sido un debate de una complejidad y de una riqueza muy superior al debate que se produjo durante la transición y en el proceso de elaboración de la Constitución.

En este mes he empezado la explicación del módulo dedicado a la organización territorial del poder del Master de Derecho Constitucional que organiza el Departamento de la Universidad de Sevilla y me he pasado las navidades releyendo lo que se dijo y se escribió en el comienzo de la transición, repasando los distintos proyectos de la Constitución de 1978 hasta el texto definitivo, siguiendo paso a paso el debate constituyente, analizando el documento de la Comisión de Expertos presidida por el porfesor García de Enterría, revisando el texto de los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992... y puedo asegurarles que el nivel del debate no llega, ni de lejos, al que se ha producido en esta legislatura en los distintos proyectos de reforma.

Creo que disponemos de una base mucho más sólida para gestionar la diversidad territorial de España de la que hemos tenido en el pasado y que disponemos, además, de un personal político y técnico mucho más preparado para poner en marcha los nuevos textos estatutarios.

El clima político no es bueno. Pero el clima en el que se inició la construcción del Estado autonómico a finales de los setenta y comienzo de los ochenta era todavía peor. Alianza Popular (AP), que en 1982 sustituiría a UCD como representante de la derecha española, era partidaria de la reforma del Título VIII de la Constitución, a fin de rebajar considerablemente el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía y no se nos puede olvidar que después del 28 F de 1980 vino el 23 F de 1981, cuyo objetivo era impedir lo que se consideraba que era la fractura territorial del Estado.

Los tiempos para construir un Estado políticamente descentralizado nunca han sido buenos en España. Siempre que se avanza en una proceso descentralizador se nos vaticina el caos. En el momento de la elaboración inicial de los estatutos se hizo y se ha vuelto a repetir en el proceso de reformas de los mismos. Después no pasa nada. O mejor dicho, pasa que acabamos teniendo un Estado mejor, más legítimo y más eficaz.