La inyección letal, en la picota
El Supremo de EE UU empieza a estudiar si prohíbe este método de ajusticiamiento
El Tribunal Supremo de EE UU empezó analizar ayer si la inyección letal es demasiado cruel y debe ser ilegalizada. Los jueces escucharon los primeros testimonios en el caso de dos condenados a muerte que desafiaron el sistema de ejecuciones del Estado de Kentucky por considerarlo "cruel" y "un riesgo que inflige dolor gratuitamente". Han apelado a la VIII enmienda de la Constitución: "No se administrarán castigos crueles o inusuales".
En EE UU no ha habido ejecución alguna desde el 25 de septiembre, cuando a Michael Richard, de 49 años, se le aplicó la inyección letal en Tejas. Ese día el Supremo ya había anunciado que aceptaba el recurso de inconstitucionalidad de los presos de Kentucky, pero los abogados de Richard llegaron al juzgado después de las cinco de la tarde, hora del cierre.
"Hay que tener claro que el Supremo no está decidiendo sobre la legalidad de la pena de muerte, sino sobre el método más común en EE UU para aplicarla", explica Richard Dieter, director del Centro de Información Sobre la Pena de Muerte. "También es cierto que desde septiembre estamos viviendo una moratoria de facto, no se está ejecutando a presos, porque los Estados están pendientes del Supremo".
El método ahora en cuestión fue ideado hace 30 años como una alternativa a la electrocución. El problema de la inyección letal, aplicada por 35 Estados, es que no hay manera de saber si el preso sufre, ya que tras la segunda inyección queda paralizado en la camilla.
