El PP seguirá investigando los accesos al pleno de Vigo

El PP seguirá investigando "hasta el final" el procedimiento de acceso de público al pleno municipal que aprobó el plan general de Vigo, el pasado día 29, después de que ayer el alcalde, Abel Caballero, negara al grupo popular la relación de asistentes a la sesión y una grabación de la misma, como había solicitado. Los populares consideran esta negativa "un hecho grave" y "una falta absoluta de democracia" y acusan a los nacionalistas de "mirar para otro lado" por haber dado ayer mismo por zanjado el asunto.

Un grupo de vecinos y una asociación próxima a los promotores han denunciado en el juzgado la prohibición de acceso a la sesión, pese a existir algunos asientos libres en la parte destinada al público. También la presidenta de la federación vecinal lo ha considerado "un caso antidemocrático sin precedentes en España" porque había vecinos haciendo cola desde las cinco de la mañana. La federación había convocado una manifestación contra la aprobación del plan general a la que acudieron unas 200 personas, que mantuvieron una actitud hostil, con lanzamiento de huevos y petardos contra las ventanas de la sala del pleno durante casi toda la sesión.

Para el alcalde, Abel Caballero, esa actuación constata la violencia que había en el exterior. "El respeto a la democracia comienza por garantizar la libertad de los concejales, sin coacciones. Nunca unas docenas de manifestantes van a parar los grandes proyectos de la ciudad", apuntó ayer. A su juicio, el acceso al pleno cumplió las normas legales que le son de aplicación.

Precedentes

El concejal de Seguridad, Xulio Calviño, presentó en la Xunta de Goberno de ayer un informe sobre lo acontecido, pero sus explicaciones no convencieron al BNG, que dice conocer "gente que estaba en los primeros puestos de la cola y no pudo acceder", afirmó el teniente de alcalde, Santiago Domínguez, quien advirtió de que "el Bloque no asistirá al pleno" si se repite esa situación.

El pleno de aprobación inicial del plan general, el 30 de diciembre de 2004, tuvo que ser suspendido por el alboroto del público, que causó destrozos que la alcaldesa, Corina Porro (PP), denunció en el juzgado. También la primera aprobación provisional, en mayo de 2006, se celebró a puerta cerrada para evitar la repetición de incidentes.