El Consell sólo ejecutó el 1,6% del plan de la vivienda en 2006

A falta de datos recientes de las empresas públicas por la "falta de transparencia" del Consell, el PSPV recurrió ayer a los últimos informes del Síndic de Comptes para acusar al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y a Vaersa (Valenciana de Aprovechamientos Energéticos de Residuos) de "actuar al margen de la ley", y a la Generalitat de "privatizar de forma encubierta la Administración". Según las cifras de 2006, el Consell ejecutó sólo el 1,6% del presupuesto del Plan de Acceso a la Vivienda.

Así, Francesc Signes, portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, explicó ayer que la Sindicatura de Cuentas recoge en su último informe que el presupuesto inicial en materia de ayudas a la vivienda reseñaba una cifra de 20 millones de euros. Sin embargo, una modificación presupuestaria redujo ese presupuesto en un 70% para quedar en solo 6 millones. Finalmente, el Consell sólo se gastó al acabar el año 0,1 millones de euros, es decir, una ejecución de solo el 1,6% del presupuesto.

Mientras, de los 100 millones de euros presupuestados por el Gobierno central para el plan de la vivienda en territorio valenciano, se ejecutó el 98,8%.

Es más, el informe del Síndic señala que dentro del plan autonómico, con esos 0,1 millones de euros, "solo se gestionó en el ejercicio 2006 con cargo a los créditos de esta línea la convocatoria de ayudas de adecuación superficial de fachadas para embellecimiento y mejora de los entornos urbanos".

El PSPV no se limitó a la ejecución del presupuesto. También denunció las "prácticas caciquiles" de ambas empresas, que "contratan de forma sistemática obras, servicios y suministros sin el procedimiento de publicidad y concurrencia al que les obliga la ley; eludir la publicidad implica que ni los precios pagados ni los adjudicatarios han sido los mejores, sino solo los que en cada momento han interesado a los responsables de estas empresas".

El portavoz socialista manifestó que "las necesidades de vivienda de los valencianos no pueden seguir siendo la excusa para constituir un entramado de empresas públicas y mixtas, con inseguridad jurídica y sin publicidad ni concurrencia, donde se mezcla el capital y el interés público y privado".

Entre los datos aportados, el PSPV mencionó que 44 trabajadores del IVVSA trabajaban físicamente en 2006 y siguen haciéndolo ahora en unidades de las consejerías de Territorio e Infraestructuras. Asimismo, 70 empleados de Vaersa realizaban sus funciones en dependencias de Medio Ambiente. Tramitan expedientes "de urbanismo residuos, playas, contaminación atmosférica o impacto ambiental, entre otros". Sin embargo, estos trabajadores han sido contratados bajo criterios empresariales, "sin atender a los principios de publicidad, mérito y capacidad que rigen la contratación en el sector público".

Según el PSPV, "no es posible que, año tras año, la Sindicatura informe de que estas empresas incumplen la legalidad, despilfarran el dinero de todos y no cumplen eficazmente los objetivos públicos para los que fueron creadas y esa denuncia no tenga consecuencias".

Signes denunció las "numerosas y graves irregularidades" en la actuación del IVVSA y de Vaersa, ambas dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que dirige José Ramón García Antón. También insistió en que las irregularidades ya se denunciaron en informes antes, por lo que destacó "la reincidencia y, en consecuencia, el desprecio reiterado a las indicaciones de la Sindicatura" por parte del Consell.

Por eso, el portavoz socialista señaló que en la próxima legislatura su partido promoverá una proposición de ley para modificar las competencias de la Sindicatura o bien lanzará una proposición no de ley para instar al Consell a ampliarlas, a fin de impedir que las empresas públicas incumplan año tras año las mismas irregularidades. El presidente Francisco Camps y García Antón tienen que actuar, según Signes, o serán "cómplices necesarios" de esta situación.