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Bilbao tapia un chalé tras más de un año 'okupado' por inmigrantes

El dueño asegura que ha intentado "diez veces" cerrar el acceso al edificio

El Ayuntamiento de Bilbao terminará hoy de tapiar un chalé bifamiliar de dos plantas ocupado ilegalmente por un grupo de inmigrantes durante más de un año en la zona residencial de Ciudad Jardín, sita en el barrio de Uribarri. A media tarde de ayer, en la segunda jornada de trabajos de clausura del edificio, los operarios municipales vieron todavía cómo dos jóvenes salían apresuradamente de su interior.

"No sé cómo estaban ahí dentro. Había mierda hasta la rodilla". Uno de los operarios se preguntaba incrédulo cómo una persona podía pasar siquiera unos minutos en el inmueble. Ellos tuvieron que usar mascarillas y cerrar casi todas las ventanas desde el exterior por el hedor. En Monte Arno, una empinada y corta calle de esta zona de pequeñas casas con jardín y chalés del periférico barrio de Uribarri, este edificio y los dos contiguos contrastan con los demás bloques de pisos. Al estar vacío, fue elegido hace más de un año por varios inmigrantes sin techo y que viven en situación precaria en la ciudad para pernoctar o pasar unas horas al día.

"Los hemos tapiado unas diez veces, pero volvían a romperlo", afirma Facundo Gutiérrez, quien compró el inmueble hace tres años y medio para edificar bloques de pisos. "Por dos veces se han marchado los albañiles porque había diez tíos dentro". En el barrio, la preocupación aumentó tras el verano, cuando empezaron a sucederse algunos robos. La Policía Municipal detalla que ha entrado varias veces en el inmueble y se ha incautado de objetos robados. Los bomberos también llegaron a clausurar los accesos.

"Suben con sábanas y, cuando aparece la Policía, se encaraman al tejado". Asterio Muñoa es el dueño de la Carpintería el Chalet y de la vivienda pegada al edificio ocupado. "Han llegado a estar diez o quince, pero la media es de seis".

Muñoa tiene una privilegiada visión de lo que ocurre dentro desde la terraza trasera de su chalet. Incluso asegura haber observado un atraco a un vecino. "Fue hace menos de un mes. Aparcó ahí al lado y le estaban vigilando dos. Se abalanzaron sobre él y le pidieron la cartera. Como se negó, le rajaron el bolsillo del pantalón y se llevaron la cartera". Asegura que el dueño incluso facilitó las llaves y pagó la luz a los ocupantes, lo que niegan Gutiérrez y otros residentes.

La sucersión de robos y algunos incidentes movilizaron a los vecinos, que hace un mes se manifestaron. Muñoa se muestra escéptico de que el tapiado iniciado el jueves impida el acceso de los okupas. "Se meten por cualquier sitio".

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En el barrio, el pequeño parque situado en la parte trasera del inmueble se ha ido quedando desierto en los últimos meses por el temor de los padres a los okupas. Sólo se ve un coche de la Policía Municipal aparcado dentro del parque para ahuyentar a los moradores ilegales.

El dueño del inmueble reconoce que, ante el deterioro de la situación, el Ayuntamiento le pidió permiso para actuar (al tratarse de una propiedad privada está obligado a tener la autorización) y se lo concedió. El jueves empezó el tapiado que concluirá hoy. El consistorio dijo ayer que a las 15.30 tres agentes comprobaron que no había nadie, pero dos horas más tarde salieron dos jóvenes. "No creo que haya nadie más, pero vete a saber", dice un operario.

El edificio ocupado de Ciudad Jardín, en el barrio bilbaíno de Uribarri, mostraba ayer tarde algunas ventanas ya tapiadas.
El edificio ocupado de Ciudad Jardín, en el barrio bilbaíno de Uribarri, mostraba ayer tarde algunas ventanas ya tapiadas.LUIS ALBERTO GARCÍA

Un desalojo a medias

Una treintena de inmigrantes rumanos recogieron sus bártulos a mediados de noviembre pasado para buscar otro cobijo en San Sebastián. Se marchaban por su pie de un antiguo instituto en ruinas en el barrio donostiarra de Martutene, propiedad del Gobierno. Les había llegado la orden de desalojar el edificio por las quejas que mostraba el vecindario.

En este viejo centro educativo habían instalado unos meses antes un campamento -sumaban en total un centenar de personas de la misma nacionalidad- sin contar con ningún permiso oficial. Estaban en situación irregular.

El Ayuntamiento donostiarra exigió a los departamentos de Interior y Educación una solución que, a día de hoy, sigue todavía por tomar. El alcalde, Odón Elorza, solicitó al Gobierno el cierre y sellado de todas las entradas al instituto. A mediados de noviembre, el consejero de Educación, Tontxu Campos, entregó a las familias que ocupaban el inmueble una carta en la que se les notificaba que debían abandonar el lugar antes de diez días.

Sin embargo, el desalojo de estas personas no se ha llevado todavía a cabo. Sólo unas familias tomaron voluntariamente la decisión de marcharse antes de que fueran expulsados del asentamiento.

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