Atrapados por los edificios ilegales

Cerca de 1.000 propietarios de negocios de Marbella viven atados a los edificios que los albergan. Las irregularidades urbanísticas de estas construcciones, algunas en los tribunales, condicionan sus licencias de actividad, les impiden acometer nuevas obras o traspasarlos a otras personas. Tienen miedo de que les sancionen por no tener estos permisos, por lo que algunos piden que no se les identifique, y también se sienten impotentes porque no está en su mano la regularización definitiva de estas construcciones. Todo depende del Plan General y el sistema de compensaciones. En el mismo saco hay oficinas, despachos profesionales, joyerías, boutiques, guarderías, restaurantes o bares.

Hay personas que no saben si es legal el edificio donde está su negocio

Warren, propietario de una cafetería en el edificio Antonio Herrero -construido en pleno centro, pero en suelo destinado a viario y zona verde- se quejaba ayer de que no ha podido traspasar su negocio. "Escoges el que era el mejor edificio de Marbella, pagas durante cuatro años un alquiler carísimo y ahora no puedes decidir sobre el futuro de tu propio negocio", explicaba. A pesar de que su pastelería tiene licencia de actividad, en Urbanismo le han explicado que el nuevo regente podría tener problemas si decide acometer una reforma.

Hace apenas un mes que tres de los principales procesados por la corrupción en Marbella -el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex alcalde Julián Muñoz y el ex primer teniente de alcalde Pedro Román- se sentaron en el banquillo de los acusados por prevaricación urbanística en relación a este edificio. El caso Incopromar fue uno de los primeros en instruirse por irregularidades urbanísticas del fallecido Jesús Gil. El edificio, de 68 viviendas, obtuvo una licencia en 1997 para ocupar una parcela que el planeamiento urbanístico reservaba para equipamiento público. "En Urbanismo me han dicho que no tienen una respuesta, que puede tardar seis o siete meses, me tienen atado porque no puedo tomar una decisión", contaba.

A pesar de que la corrupción urbanística de Marbella ha llenado páginas y páginas de los medios de comunicación y ha traspasado fronteras, aún quedan personas en la ciudad que no toman la precaución de averiguar si el edificio en el que piensan montar su negocio es irregular. La propietaria de una tienda de muebles recién abierta en Ricardo Soriano, la calle más cara del centro urbano, contaba ayer que descubrió que estaba en un edificio ilegal cuando solicitó el alta del agua. "Cuando vas a comprar una casa lo miras, pero con un negocio no caes. Por si fuera poco, el dueño no nos dijo nada", afirmaba. El negocio, abierto al público desde hace unos meses, tiene la licencia solicitada aunque todavía no han recibido respuesta del Ayuntamiento.

En el bloque, perfectamente consolidado a pesar de que su licencia de obra fue declarada nula en 2004, hay otros comercios que presumen de una licencia de actividad cuestionada por la ilegalidad de la construcción.