Recurrida la absolución de los cargos del PP por regularizar a inmigrantes
La Fiscalía de Lleida ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Supremo un informe para recurrir la absolución de cuatro altos cargos de la época del PP que fueron juzgados por permitir irregularidades en la oficina que autorizaba los permisos de trabajo y, en algún caso, por recibir dinero a cambio.
El fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, explicó ayer a Europa Press que el informe fue remitido al Tribunal Supremo antes de las fiestas de Navidad. Cuando la Audiencia de Lleida hizo pública la sentencia absolutoria a primeros de noviembre del año pasado, Boné ya anunció su intención de recurrir la absolución.
La Audiencia de Lleida absolvió por falta de pruebas a los ocho acusados que se sentaron en el banquillo. Entre ellos figuraba el subdelegado del Gobierno en Lleida Joan Barios. También fueron juzgados Lorenzo Echarri, ex delegado en Lleida del Ministerio de Trabajo; el policía nacional José María Veietes, ex director de la oficina, y Salvador Puy, asesor de Barios.
La fiscalía solicitó para cada uno de ellos 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otra pena de cuatro años de cárcel para Vietes por falsedad en documento oficial. También fueron exculpados otros cuatro colaboradores de la supuesta trama.
Sin ninguna formación
La sentencia declaró probado que la Oficina Única de Extranjería de Lleida tenía entre otras competencias la tramitación de los informes sobre visados, permisos de trabajo y tarjetas de residencia, así como elevar propuestas de resolución relativas a aquellos expedientes que debían ser autorizados por el subdelegado del Gobierno. Pese a la especialización que requería el negociado, ninguno de sus responsables contaba con formación ni conocimientos en la gestión de personal.
No existía ninguna organización ni estructura que permitiera el control de las tareas que se llevaban a cabo. Las investigaciones se iniciaron cuando A. K., ciudadano de Georgia afincado en Lleida, denunció a un intermediario que cobraba a los inmigrantes entre 4.000 y 6.000 euros por la obtención de permisos de trabajo y residencia. De los 88.000 expedientes que se resolvieron, fueron examinados 8.214 durante la investigación judicial. Todos habían sido resueltos favorablemente. En 251 de ellos se encontraron irregularidades.
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