Un seguro para ellos

Utilizar una tarjeta de crédito, el pago del alquiler del piso o el manejo de determinadas cantidades de dinero para gastos personales. Son actividades habituales que, desde ayer, 16 personas con síndrome de Down de Álava podrán realizar cuando llegue el momento, gracias a que sus padres o tutores han decidido que se beneficien de la ley de Patrimonio Protegido, una norma vigente desde 2003 pero apenas utilizada.

Con el acto de ayer, de carácter simbólico, los representantes de la asociación Down Álava buscan "hacer visibles socialmente las ventajas de esta norma, que asegura un futuro para nuestros hijos", explicó su presidente, Iosu Izuskiza. Aunque los impulsores de la campaña están vinculados con el síndrome de Down, la ley establece que se pueden acoger a ella quienes padecen discapacidad intelectual igual o superior al 33% y discapacidad física superior al 65%. En el País Vasco podrían beneficiarse unas 18.000 personas, según datos del Eustat.

Alrededor de 18.000 personas pueden acogerse a la ley en Euskadi

Las aportaciones, hasta 3.000 euros, tienen un 30% de deducción fiscal

El patrimonio protegido pretende asegurar a los beneficiarios un soporte económico cuando les falte la ayuda familiar directa o lo estimen sus padres o tutores. "En nuestro caso, son personas con discapacidad para toda la vida, que tienen unas necesidades por encima de lo normal", apunta Izuskiza. Además, la preocupación por su futuro ha crecido en los últimos años. Ya no fallecen antes que sus padres; ahora, en muchos casos y gracias a los avances médicos, las personas discapacitadas llegan a la vejez. "Pero, sobre todo, nos mueve el conseguir su integración en todos los aspectos de la vida", insiste el presidente de Down Álava.

Izuskiza puso como ejemplo el piso abierto en Vitoria donde ya residen jóvenes discapacitados. Algunos padres viven en la encrucijada de que sus hijos son dependientes, al mismo tiempo que impulsan su autonomía. "La ley ofrece una herramienta que permite que el discapacitado cuente con un patrimonio de uso exclusivo, pero controlado según lo que se establezca ante notario, porque cada caso se firma en unos términos concretos", aclara.

El patrimonio protegido es como una herencia que se entrega a plazos, con determinadas condiciones. Para las aportaciones se permite un 30% de deducción fiscal, hasta un máximo de 3.000 euros anuales. Pero también ofrece la posibilidad de donaciones que no gravan al beneficiario. La ley todavía necesita alguna revisión, en opinión de la directiva de Down Álava, pero la considera un instrumento clave para el porvenir de sus hijos.