Los municipios con parques eólicos triplicarán sus ingresos por impuestos

Una sentencia de apenas 23 páginas la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo va a garantizar la suficiencia financiera a largo plazo de los pequeños y medianos ayuntamientos gallegos que albergan parques eólicos dentro de sus términos municipales.

La resolución del Alto Tribunal publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado considera estas infraestructuras como bienes inmuebles de características especiales -una catalogación que ya recibían otras instalaciones energéticas como los embalses- y ampara a la haciendas de los municipios a incrementar el tipo máximo del IBI aplicado a estos bienes del 0,4% al 1,3% de su valor catastral. La medida permitirá a los ayuntamientos triplicar la factura del Impuesto de Bienes Inmuebles a las eléctricas ya desde el próximo año.

El Ayuntamiento de Lalín, de cuyo alcalde, Xosé Crespo, ex presidente de la Federación Galega de Munipios y Provincias (Fegamp) partió la idea de recurrir en la Justicia el decreto que excluía a los parques eólicos como bienes inmuebles de carácter especial, pasará a ingresar 600.000 euros por un impuesto que el año pasado reportó apenas 180.000. Y lo mismo sucederá en otros 84 ayuntamientos, la mayoría situados en zonas deprimidas económicamente, donde se levantan el centenar de parques eólicos que el Instituto Enerxético de Galicia ha catalogado en la comunidad. Según las cuentas del propio Crespo y de los técnicos de la Fegamp que tramitaron la reclamación, los ayuntamientos gallegos podrían cobrar el año próximo 75 millones de euros más por el IBI que perciben de las compañías eléctricas.

Galicia tiene instalada en la actualidad unos 3.000 aerogeneradores con 2.600 megavatios de potencia eléctrica, una cantidad que se duplicará en tres años cuando estén operativos los parques autorizados por la Consellería de Industria que ya ha expedido permisos para alcanzar los 4.300 megavatios. La Fegamp aspira a que en 2010 los pequeños y medianos ayuntamientos con aerogeneradores perciban cuatro millones de euros al año en concepto de IBI.

El cambio lo notará también el alcalde de Ourol, un pequeño municipio de Lugo poblado de molinos de viento, que el año pasado cobró 16.000 euros a las eólicas por el Impuesto de Bienes Inmuebles. De momento, el regidor, Marcial Sanjurjo (PP) ya ha aprobado unas nuevas ordenanzas que aplican el tipo máximo de la tasa a las empresas que explotan estas infraestructuras. Sólo el año próximo, Ourol ingresará 50.000 euros y, en un par de años, cuando entren en funcionamiento los siete nuevos parques previstos, el kilómetro cero de la energía eólica en Galicia ingresará 120.000 euros, aproximadamente un 10% de su presupuesto anual.

Una vez asumido el revés judicial, el Ministerio de Economía trabaja ya para adaptar el reglamento que según la Dirección General de Catastro estará listo en "unas cuantas semanas". Fuentes de este departamento han confirmado que la nueva catalogación de los parques eólicos "ya no tiene vuelta atrás". Su obligación ahora es elaborar las correspondientes ponencias de valores sobre los distintos parques, tal y como ha reclamado insistentemente la Fegamp, una reivindicación que ha hecho suya la Federación Española de Municipios y Provincias.

La propuesta del Grupo Socialista en el Senado para bordear la sentencia a través de una enmienda adicional en la Ley de Calidad del Aire, que pretendía "evitar la catalogación como bienes inmuebles de carácter especial de las instalaciones que produden energía a partir de fuentes no contaminantes", fue retirada a última hora en la Cámara Baja tras la oposición de un buen número de alcaldes de todos los colores políticos.