Las denuncias de la Ley Antitabaco siguen inéditas dos años después

No hay manera. Es como si las instituciones se hubieran declarado insumisas a la ley antitabaco. En 1 de enero se cumplen dos años de la entrada en vigor en toda España, pero en la comunidad autónoma sigue sin aplicarse en su integridad por las diferencias entre Gobierno y ayuntamientos. Ambas instituciones no se ponen de acuerdo sobre cuál de ellas tiene que velar por su cumplimiento. Euskadi vive así en una especie de limbo, cuyas consecuencia más visibles son dos: la paralización de las 163 denuncias presentadas por los ciudadanos hasta ahora y la ausencia de una inspección efectiva, que compruebe que los locales de hostelería y todo tipo de centros cumplen con la norma.

En el caso vasco, la controvertida ley antitabaco ha chocado con un mal habitual, el reparto de competencias entre las instituciones. Pero ahora, en lugar de pelear entre ellas por ver quién se apropia de ella, lo que están haciendo Gobierno y ayuntamientos es tratar de quitarse la responsabilidad de encima. La ley necesita para su completo desarrollo que el Ejecutivo de Vitoria apruebe un decreto. Sin embargo, todo sigue igual que cuando entró en vigor la norma. Las denuncias se tramitan, pero no se aplican, quedan paralizadas.

El concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, el socialista Peio López de Munain, recurre a los informes de los servicios jurídicos del consistorio para refrendar que la competencia corresponde al Gobierno vasco, tanto en la faceta inspectora como sancionadora. Pero se muestra proclive a algún acuerdo. "Está claro que el Ejecutivo no puede asumir la labor inspectora. Si lo tenemos que hacer los ayuntamientos, que nos financien los medios". En busca de ese consenso, la consejería de Vivienda y Asuntos Sociales y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel habilitaron el año pasado una mesa de diálogo para aclarar dudas, pero la confusión sigue dominando.

El departamento remite las denuncias a los ayuntamientos y éstos, a su vez se las devuelven alegando que carecen de competencias. Al final, vaticina López de Munain, serán los jueces los que dictaminen. "La inacción de las instituciones llevará a algún particular a presentar la denuncia ante el juez y ya veremos lo que pasa". Hasta entonces, la ley sin aplicarse.

Desde el departamento se quita importancia al caso. Un portavoz invita a los ayuntamientos a que precisen su falta de medios. "No hay polémica. La labor inspectora corresponde a cada institución en el ámbito de sus competencias. En cualquier caso, que digan los ayuntamientos lo que necesitan"