Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Aguafiestas

Por más que pueda parecernos un capítulo lejano de la historia sociopolítica catalana y española, se cerró hace menos de cuatro años, con el vuelco electoral de marzo de 2004. Me refiero a la encarnizada lucha contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) auspiciado desde el Gobierno por el Partido Popular. En esa lucha se distinguieron especialmente los habitantes y las autoridades de dos territorios, la comunidad autónoma de Aragón y las tierras del Ebro catalán; y se acuñaron y popularizaron conceptos como el de "una nueva cultura del agua"; y se arguyó que detraer agua del Ebro amenazaba la supervivencia del delta con su frágil ecosistema; y muchos ciudadanos, incluso habitantes de la denostada conurbación barcelonesa, estuvimos de acuerdo en que no era justificable un transvase del Ebro que tuviese como finalidad regar campos de golf en zonas áridas de Murcia o Almería y multiplicar monstruos especulativos del estilo de Terra Mítica o Marina d'Or.

Lo más significativo tras el anuncio del megaproyecto de Gran Scala es el silencio casi general

Han pasado, como decía, apenas cuatro años desde que la victoria electoral de Rodríguez Zapatero canceló aquel PHN. En este lapso de tiempo, la concienciación ante la gravedad del cambio climático, ante los riesgos de seguir violentando a la naturaleza, ante el consumo descontrolado de recursos finitos, esa concienciación ha hecho progresos espectaculares y hasta ha alcanzado ribetes ridículos, como el de dictarnos a qué temperatura debemos ajustar el aire acondicionado doméstico durante el verano. Pues bien, en ese contexto en el que la sostenibilidad es el nuevo dogma de fe, va el Gobierno de Aragón y, deslumbrado por unos fabulosos inversores extranjeros, hace suyo el proyecto de levantar en los Monegros el megacomplejo de juego y ocio llamado Gran Scala. Estamos hablando, según reseñó este diario el pasado día 13, de urbanizar una superficie de más de 2.000 hectáreas que albergará 32 casinos, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, un campo de golf, un hipódromo, un coso taurino, diversos parques temáticos, 12 museos -a saber qué entenderán los promotores del negocio por museo- y, mucho me temo, también unos hermosos bloques de apartamentos en régimen de venta o alquiler. Vamos, que comparada con Gran Scala, la urbanización erigida por Paco el Pocero en el secarral toledano de Seseña va a parecer una comuna ecologista promovida por Greenpeace.

No es difícil imaginar la que se habría armado si el avalista político del proyecto fuese un Ejecutivo aragonés del Partido Popular. Pero es un Gobierno de izquierdas presidido por Marcelino Iglesias, el mismo que combatió con tanto ahínco contra el Plan Hidrológico Nacional de Aznar y defendió la intangibilidad del agua del Ebro como un bien casi sagrado, ese mismo Gobierno es el que defiende construir en medio del desierto una ciudad vacacional con capacidad para 100.000 personas al día, provista de extensas zonas verdes y uno de cuyos parques temáticos, para más inri, estará consagrado... al agua. ¿A qué agua, si no hay en los Monegros ni una gota sobrante? ¿La traerán del Ródano? ¿La desalarán, estando a 200 kilómetros del mar? Aunque las crónicas de la solemne presentación del otro día en Zaragoza no dan respuesta a la crucial pregunta, es evidente que se cuenta con el caudal del Ebro, el cual discurre a pocas decenas de kilómetros del futuro Las Vegas maño.

Pero no se trata sólo del agua, sino del impacto ecológico que supone levantar una ciudad artificial en medio de una comarca inhóspita y, por ello, deshabitada desde hace siglos, y dotarla de las infraestructuras y los accesos necesarios para 25 millones de turistas al año. Se trata del gasto energético exigido por un complejo que deberá estar casi enteramente climatizado, si quiere recibir visitantes durante el tórrido verano y el gélido invierno de la zona, y generosamente iluminado para funcionar las 24 horas del día. Se trata, incluso, del modelo económico-social, de si los poderes públicos deben promover un país de camareros y dependientes de comercio, con todos los respetos hacia estas dos abnegadas profesiones.

Lo más llamativo hasta la fecha, en todo caso, es el silencio casi general que ha seguido al espectacular anuncio de la semana pasada. Sólo Izquierda Unida de Aragón ha tenido la cordura y el valor de calificar el proyecto Gran Scala como lo que es: "Una barbaridad". Por lo demás, y que yo sepa, el Ministerio de Medio Ambiente, que regenta la combativa Cristina Narbona, no ha dicho esta boca es mía. Tampoco se han hecho oír las organizaciones ecologistas globales o locales, esa clase de grupos que, apenas se proyecta en Cataluña la más modesta carretera o línea eléctrica, hallan de inmediato una zona de nidificación de pájaros protegidos, o un bucólico paisaje agrario, o un frágil ecosistema, que es preciso preservar a toda costa. En particular, me ha llamado la atención no haber oído ni un comentario de alerta o preocupación procedente de la Plataforma en Defensa del Ebro, de aquel tejido asociativo que con tanto éxito se opuso al último PHN y aún se pone en pie de guerra ante cualquier hipótesis de obra hidráulica en su territorio. ¿Acaso los miles de metros cúbicos diarios que habría que sacar del Ebro para alimentar Gran Scala no afectarían al curso bajo del río ni a su delta? ¿O tal vez todo depende del color político de la Administración que quiera disponer del agua?

De cualquier modo, si el sentido común, la legislación vigente o la propia megalomanía del proyecto no sepultan ese dislate medioambiental y energético de Gran Scala, a mí que nadie vuelva a decirme cuántas veces puedo descargar la cisterna del retrete, ni a ordenarme cerrar el grifo mientras me cepillo los dientes, ni a insinuarme que el culpable del cambio climático soy yo. Quedan advertidos.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de diciembre de 2007