Una tienda tira en la calle 500 contratos con datos de clientes

The Phone House se arriesga a una multa de 600.000 euros

"Me parece muy mal". Silencio. "Alucino". Más silencio. "Siento una indignación total", repite José María, asustado. En conversación telefónica, no puede creerse que la persona al otro lado de la línea conozca muchos de sus datos personales más sensibles. José María es uno de los aproximadamente 500 clientes de una tienda The Phone House en la calle de Fuencarral, número 119 cuya información privada fue abandonada el pasado domingo 9 de diciembre en la calle sin haber sido destruida previamente.

El comercio debió de decidir hacer limpieza durante el fin de semana. Tiraron muchas cosas y las abandonaron justo enfrente de la tienda, sin siquiera depositarlas en un contenedor o una papelera. Entre los desperdicios había siete archivadores, tres de ellos repletos, de contratos de telefonía móvil. En las fichas, de Movistar o la desaparecida Airtel (ahora, Vodafone), hay nombres, apellidos, direcciones particulares y de empresas, números de teléfono fijo y móvil, cuentas bancarias, fotocopias de DNI o carné de conducir, e incluso fotocopias de documentos notariales de empresas y de libros de familia. Según la Agencia de Protección de Datos, esto podría acarrear una multa de hasta 600.000 euros. Una portavoz indica que piensan investigar lo sucedido para esclarecer si The Phone House ha violado la Ley de Protección de Datos.

"Vi que había mucha gente rebuscando en la basura y me acerqué a ver qué pasaba", cuenta B. T., una ciudadana que paseaba por la calle de Fuencarral a las 21.30 junto con unos familiares y amigos. "Me fijé en los archivadores. Miré y había cientos de contratos telefónicos, así que llamé a la policía", explica. La documentación pertenecía a la tienda The Phone House, situada justo enfrente de donde había sido abandonada la documentación. La policía municipal se llevó los papeles y, según su portavoz, fueron puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía. Éstos lo han remitido a un juez. Fuentes de ambos cuerpos policiales confirman lo hallado en Fuencarral.

Este periódico llamó la semana pasada a quince de los afectados. De ellos, cuatro no correspondían a ningún cliente y otros cuatro no contestaron. Pero los siete restantes se quedaron bastante sorprendidos al recibir la llamada de un periodista: "Hemos elegido su número al azar porque está entre parte de los encontrados en un contenedor de basura junto a decenas de datos personales". Al otro lado, siempre el estupor. Y la reacción diversa de las personas, desde el que se queda callado e incrédulo, como José María, hasta quien lanza todo tipo de improperios y promete denunciar a The Phone House. Fayed pertenece a ese club: "Me parece una cerdada. Son unos sinvergüenzas. Deberían quemar esos papeles o hacer lo que sea, pero no tirarlos así". César también estaba indignadísimo y aseguraba que "es como para denunciar", si se demostraba lo sucedido. Muy enfadado, no se cortaba un pelo: "Son unos hijos de puta". Más tranquila, pero no menos cabreada, Laura respondía con un elocuente "eso no se pregunta" al periodista. "¿A quién le pueden interesar mis datos? No doy crédito, deberían haberlos destruido", opinaba.

En la tienda The Phone House de la calle de Fuencarral, número 119, el encargado asegura que todo podría tratarse de un error: "Obviamente, no hacemos esto nunca". Pero más allá de esa declaración, nada. "No podemos hablar", decía. Carlos Grima, director de marketing y clientes de la compañía, explica el porqué: "Es una norma general para que no se facilite información confidencial". No es un chiste, pero lo parece, teniendo en cuenta el poco cuidado que sus empleados parecen haber tenido precisamente con la confidencialidad... de los demás. Grima asegura que no se explica lo ocurrido. "Las 400 tiendas de España tienen que enviar todos los contratos a un almacén central que tenemos en Coslada", cuenta. ¿Por qué estaban los contratos en la tienda? "Quizá pertenezcan a Vivavoce, una cadena que compró The Phone House", cuenta. Sin embargo, entre los contratos lanzados a la basura, los hay de ambas compañías. Y, aunque no los hubiera, seguramente no será excusa ni para el juez ni para la Agencia de Protección de Datos.

"Un sistema garantista"

La Ley de Protección de Datos establece las infracciones entre leves (de 600 a 60.000 euros de multa), graves (entre 60.000 y 300.000 euros) o muy graves (desde 300.000 hasta 600.000 euros). "España tiene un sistema muy garantista, de los más avanzados de la Unión Europea", señala la portavoz. En casos similares al acontecido con The Phone House (abandono de datos personales en contenedores de basura), las multas se han apoyado por norma general en la vulneración de los artículos 9 y 10 de la ley, que hablan de la obligación de "garantizar la seguridad de los datos y evitar su pérdida, alteración o tratamiento".

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 17 de diciembre de 2007.

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