"El 98% de los asesinatos en Guatemala queda impune"

El fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana (Madrid, 1957) es el primer jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada recientemente por la ONU con el respaldo de una treintena de naciones. Devastado por 36 años de una guerra civil (1960-1996) que causó 260.000 muertos y desaparecidos, el país centroamericano, de 11,5 millones de habitantes, está en plena descomposición social por los zarpazos de la violencia y la incapacidad de las instituciones. A este paraíso de la impunidad llegará los próximos días Castresana, que puso la primera piedra de la persecución judicial de Augusto Pinochet, al presentar en julio de 1996 una denuncia contra el dictador chileno, amparándose en la jurisdicción universal establecida en los principios de Nuremberg. El fiscal español, que ha estado al frente de la oficina antidrogas de la ONU en la ciudad mexicana de Monterrey, se convierte en el español que ocupa el cargo de mayor rango en el organismo internacional.

"Los acuerdos de paz de 1996 tenían buenos deseos, pero no se hicieron realidad"

El mandato de la CICIG es "combatir a los grupos delictivos bien organizados y poderosos que están insertados en las instituciones del Estado, básicamente de seguridad pública y de justicia", explica Castresana en una entrevista concedida en su casa de Monterrey.

Pregunta. ¿Qué precedentes tiene la CICIG?

Respuesta. El modelo más parecido es el de la comisión de investigación que se creó en Líbano. Básicamente, se trata de una fiscalía internacional, que tiene una similitud con los tribunales internacionales de Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya y la Corte Penal Internacional.

P. ¿Por qué Guatemala ha padecido y padece un nivel tan alto de violencia y de impunidad?

R. Las raíces están en un conflicto armado terrible, que causó una cifra de muertos excepcional, incluso para los altos estándares de la región, que en su mayoría pertenecían a la población civil. Los acuerdos de paz de 1996 tenían buenos deseos que no se tradujeron en hechos. Guatemala tiene una institucionalidad endémicamente débil y es, además, zona de paso de la droga que circula desde los países productores, como Colombia, hacia el país distribuidor, México, y el mercado principal, Estados Unidos.

P. ¿Cómo se manifiesta la debilidad del Estado en Guatemala?

R. Las estadísticas muestran que muy pocos casos se resuelven, menos llegan a juicio, y las sentencias condenatorias son casi inexistentes. El 98% de los asesinatos cometidos en Guatemala queda impune. Los casos resueltos se cuentan con los dedos de la mano. [Según la organización Sobrevivientes, entre los años 2000 y 2005 sólo hubo cinco casos resueltos, con los culpables en la cárcel].

P. La Comisión que usted preside, ¿investigará casos concretos?

R. Es muy importante medir bien las expectativas de la Comisión para evitar frustraciones. El objetivo es combatir la impunidad, demostrar con hechos, investigación bien construida, pruebas científicas y acusaciones sólidas que puede cambiar el marco de fracaso general y reiterado de las instituciones de administración de justicia. Hay que trabajar codo con codo con los funcionarios guatemaltecos de la policía, la Fiscalía y los tribunales.

P. ¿Qué naciones están impulsando con más fuerza la CICIG?

R. En América, Estados Unidos y Canadá han hecho aportaciones muy importantes. Otros países de la región, como México, han comprometido su apoyo político y aportarán personal especializado, como investigadores y juristas. En el caso de la Unión Europea y otros países europeos, el apoyo político y financiero está garantizado por parte de Suecia, España y casi todos los países de la UE.

P. Cuando un Gobierno como el de Guatemala reconoce que no puede afrontar el problema y pide ayuda, ¿está cediendo soberanía?

R. Creo que no, y así lo ha expresado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es una muestra de valentía por parte de una nación que acude a la comunidad internacional y dice: "No puedo solo, ayúdenme". Al mismo tiempo es un paso arriesgado y valiente de la ONU, que desde su fundación en 1945 sólo ha trabajado jurídicamente en el ámbito más amigable de los tribunales internacionales. Que Naciones Unidas acepte bajar a la arena de los tribunales de justicia de un Estado miembro con todas las consecuencias supone también una muestra de generosidad estimable.

P. ¿Se avanza en la idea de justicia internacional?

R. La Comisión se crea en un contexto de consenso a partir de los años noventa para ejercer la jurisdicción universal, que tuvo su máximo ejemplo en el caso del general Pinochet. En este contexto, la comunidad internacional entiende que los instrumentos de la justicia internacional son al menos alternativos al uso de la fuerza. Éste es el sentido de la Comisión de Guatemala. Creo que quienes me propusieron para este cargo tuvieron en cuenta mi experiencia en el ámbito de la justicia internacional y una experiencia en la Fiscalía Antidrogas y la Fiscalía Anticorrupción.

P. Usted ha comparado las estrategias contra el terrorismo de Estados Unidos y España después del 11-S y el 11-M.

R. Una comparación legítima entre las sendas de ambos países demuestra que la española es la acertada, y la estadounidense, la equivocada. A la vista están los resultados. Frente a ataques de la barbarie, las autoridades estadounidenses se saltaron el Estado de derecho, y varios años después de los atentados no tienen una sola sentencia homologable que poder enseñar. El problema sigue enquistado, y los grupos terroristas se han reforzado. La importancia del juicio del 11-M es que en España hemos sido capaces de establecer un estándar frente al terrorismo internacional del siglo XXI que seguramente es perdurable.

P. ¿Cómo ve la situación de la justicia en España?

R. La reforma judicial está pendiente. La transición apenas rozó el poder judicial. En lo orgánico y en lo estructural tenemos un gobierno del poder judicial que no entiende que debe ser un poder independiente. Desgraciadamente, el poder judicial en España sigue siendo demasiado poderoso con los débiles y demasiado débil frente a los poderosos.

P. ¿Qué refleja o qué pone de relieve el caso del juez Gómez Bermúdez?

R. El libro de su esposa es algo sencillamente reprobable, por razones de elegancia. No basta con pedir disculpas. En el caso de este juez hay un problema de origen, que es cómo fue elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue objeto de impugnación y de reiterada anulación por su ineptitud para el cargo. Pese a todo ello, el Consejo reiteró el nombramiento. Su actuación en el juicio del 11-M es un elemento jurídico muy valioso, tuvimos un buen juicio y una buena sentencia. Lamentablemente, el colofón ha sido el incidente lamentable del libro de la esposa. El Consejo debería tomar medidas, y él debería presentar la renuncia. -