Sanidad avaló desde 1994 a un médico de una clínica de abortos clausurada

CB Medical, una de las dos clínicas que practican abortos suspendidas cautelarmente esta semana por el Gobierno regional, ha sido acusada de dos presuntas irregularidades que, según Sanidad, suponen "un grave riesgo para la salud de los pacientes". Ese "grave riesgo" es la supuesta falsificación en historias clínicas de la firma del ginecólogo que había practicado abortos. La segunda, que los informes psiquiátricos que justificaban las interrupciones habían sido firmados por un médico que carece de la titulación necesaria. Todo ello "puede ser constitutivo de delitos de falsedad documental y de intrusismo", concluyó Sanidad, que ha denunciado el caso en los juzgados de la plaza de Castilla.

Las inspecciones a los centros se han multiplicado por cinco en 2007

Fuentes del sector y de la investigación, sin embargo, han confirmado que la propia Consejería de Sanidad ha dado el visto bueno durante los últimos 13 años a miles de informes psiquiátricos firmados por el médico al que ahora acusa de intrusismo. Muchos de estos informes han servido para interrupciones voluntarias del embarazo financiadas por Sanidad, sin que hasta ahora haya cuestionado la formación del facultativo.

Entre 1997 y 2006, según fuentes de la investigación, el médico trabajó en la clínica El Bosque, una de las siete autorizadas para llevar a cabo abortos en la región. En este tiempo, pudo haber firmado más de 3.000 informes. El año pasado, el facultativo se pasó a CB Medical, donde trabaja en la actualidad y puede haber firmado otros 2.000. Además, desde 1994 y de forma intermitente, ha realizado sustituciones o colaboraciones con otras tres clínicas que realizan abortos en la región: Isadora, Dator y Mayrit. El facultativo también realizó en 1996 informes psiquiátricos como médico forense interino en los juzgados número 1 y 2 de Illescas, en Toledo.

Sanidad ha llevado a cabo en estos 13 años decenas de inspecciones en las clínicas en las que ha trabajado el médico. En todas ellas, dio su visto bueno a la actividad del facultativo, que es licenciado en Medicina y cuenta con un master en Psiquiatría impartido por la Universidad Complutense de Madrid. El Colegio de Médicos de Madrid, asimismo, le ha incluido en el registro de médicos psicoterapeutas de la región, según fuentes de este organismo.

El hecho de que el médico no tenga la especialidad de psiquiatría vía MIR -cuatro años de residencia en un gran hospital- sólo empezó a interesar a los inspectores de Sanidad a principios de este año, según fuentes de CB Medical. "Nos pidieron más información sobre su titulación. Se la remitimos y no supimos nada más hasta el lunes, cuando nos comunicaron la suspensión de nuestra actividad", explicaron estas fuentes. Fuentes de la Inspección Médica de la Comunidad mostraron ayer su "sorpresa y escepticismo" por el delito de intrusismo que Sanidad atribuye al médico de CB Medical. "Se aplica a personas sin el título de Medicina que se hacen pasar como médicos. Pero en este caso es más que dudoso. El Tribunal Constitucional nunca ha visto intrusismo cuando ha estudiado casos parecidos".

Antonio Cuerda, catedrático de Derecho Penal por la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en que "ni la ley ni la jurisprudencia permiten concluir que un médico concurra en un delito de intrusismo en este tipo de situaciones".

Las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo -que hasta el año pasado recibían poco más de una inspección al año- han sido sometidas a entre cuatro y seis en lo que va de 2007, según confirmaron ayer cinco de las siete autorizadas en la región. Estos centros llevaron a cabo 19.138 abortos a mujeres madrileñas en 2006, de los que 4.021 fueron financiados por el Gobierno regional. En el mismo periodo, los hospitales públicos sólo realizaron 181 abortos.

EL PAÍS habló ayer con cinco de las siete clínicas autorizadas para llevar a cabo abortos en la región, en la misma semana en que dos de ellas han sido suspendidas cautelarmente: una el lunes (CB Medical) y otra el jueves (Mayrit). En el segundo caso, el "riesgo inminente y grave para la salud de las personas" consiste en el hallazgo de 48 informes clínicos firmados en blanco por un psiquiatra y 15 historias clínicas presuntamente irregulares. La clínica argumenta que las historias eran de mujeres que finalmente no abortaron.

Todas ellas han sido sometidas a un mínimo de cuatro inspecciones en lo que va de año. En todos los casos, la última inspección se ha llevado a cabo en la última semana, y en una de ellas, el registro fue doble. La Consejería de Sanidad niega que esté sometiendo a las clínicas a una vigilancia especial. "Las inspecciones tienen por objetivo velar por el cumplimiento de la ley", manifestó un portavoz el pasado jueves.

Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI), considera que "este caso ilustra lo que está haciendo Sanidad: una caza de brujas sin criterio ni base alguna". ACAI difundió ayer un comunicado en el que denuncia que los abortos se han "convertido en el chivo expiatorio de una batalla política" emprendida por la Comunidad "que tiene como objetivo ganar el electorado perdido de la derecha más conservadora", sigue el comunicado. Las clínicas denuncian el "acoso injustificable" al que se están viendo sometidas.