Disipar dudas

Si hay algo que los economistas hemos aprendido es la irracionalidad que supone establecer objetivos numéricos constantes sobre variables de naturaleza económica. Tipos de cambio fijos, tasas de crecimiento monetario constante, déficits cero, etcétera, son conceptos que se han barajado e intentado aplicar, aunque a la postre han resultado ineficientes, insostenibles o incluso inalcanzables.

A estas alturas del siglo XXI los economistas hemos asumido que flexibilidad y variabilidad son dos conceptos esenciales para un sistema como el de mercado, de naturaleza cíclica y sujeto a impactos (shocks) que pueden alterar sustancialmente cualquier status quo, por eso nos chirrían esos límites al crecimiento urbanístico fijados en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía ( 30% de la población y 40% de la superficie urbana) que traen de cabeza a todos los agentes implicados.

En principio la limitación de la superficie es arbitraria y carente de otro fundamento que no sea la discrecionalidad, al ser España un país relativamente poco poblado, mientras que la limitación referida a la población podría parecer razonable, aunque tampoco resulta muy acertada por múltiples factores.

Primero, porque la demanda de vivienda no depende fundamentalmente de la población del municipio sino de su producción, su renta y su riqueza, y de otras variables como los tipos de interés, la rentabilidad de la bolsa, etc. lo que hace que los límites asociados a la población a la larga o sean inoperantes o conduzcan a mayores precios de la vivienda. Es más, en algunos casos como en las costas o en las sierras la demanda de vivienda es totalmente independiente del tamaño de la población autóctona, por lo que ligar el crecimiento urbanístico a esa población es simplemente una forma de contraer la oferta.

En segundo lugar, proponer un crecimiento uniforme para todo tipo de municipios no es económicamente congruente, ya que las necesidades de vivienda y suelo industrial son sensiblemente diferentes según el municipio y el momento. Así, una limitación sobre un municipio pequeño puede impedir la instalación de una gran industria, mientras que el mismo porcentaje sobre una gran ciudad no tiene incidencia y puede conducir a una gran congestión de una zona saturada. Un ejemplo de esta incongruencia es el caso de El Rubio, en plena campiña sevillana, donde se ha impedido que se construyan 450 viviendas porque se sobrepasa el límite (30,89%), mientras que en Marbella, Dos Hermanas o Tomares se permite construir miles de ellas.

Además de lo anterior, si se repasan los datos de construcción de vivienda en Andalucía se observa que con las limitaciones del POTA hubiese sido imposible la actividad urbanística que se ha producido en los últimos años en determinadas provincias, zonas y localidades. Es decir, con los límites del POTA en la mano el crecimiento de la producción de vivienda hubiese sido menor y el precio de la vivienda habría crecido mucho más de lo que lo ha hecho.

No obstante, quizás lo más problemático a corto plazo sea el impacto sobre el nivel de producción. La profusión del reglamentarismo urbanístico ha producido una ralentización del sistema de planificación que ahora se acrecienta con la necesidad de asumir los límites del POTA. Los organismos internacionales están previendo menor crecimiento en España para el año próximo como consecuencia del parón en el sector de la construcción. Si tenemos en cuenta que en Andalucía el peso del sector es mayor que en el resto del país, la repercusión del parón será mayor y si a eso le sumamos los límites del POTA el resultado puede ser muy problemático.

Es evidente pues que ante el rumbo tomado por la economía debemos entrar en una nueva fase de percepción del urbanismo, en la que la participación de los agentes sociales tenga más peso que el dirigismo administrativista. El compromiso del acceso a la vivienda protegida con ingresos inferiores a 3100 euros unido al Pacto por la Vivienda es un camino correcto que debe permitir tender a una agilización de los procedimientos y a una relativización de las limitaciones del POTA y es urgente que se implemente ya que la economía andaluza está necesitada más que la española de que en este ámbito se disipen las dudas.

Luis Ángel Hierro es director del Master en Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla. Comentarios en http://luisangelhierro.blogspot.com/