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El alcalde desautoriza a su concejal e impide la inspección a la sede del PSOE

Los socialistas revelan que los edificios del PP y de FAES tampoco tienen licencia

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dio un paso atrás y no permitió que la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, cumpliera su amenaza de movilizar a los funcionarios dependientes de su negociado para fiscalizar la situación burocrática de la sede del PSOE en Ferraz. O sea, que no hubo inspección de la casa central de los socialistas.

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Los fotógrafos e informadores varios que tomaron las aceras del edificio aguardaron en vano. Pasadas 24 horas de la soflama de Martínez, la amenaza quedaba reducida a una petición de papeles, concretamente de seis documentos: "Los mismos que se pide a cualquier ciudadano, incluida la sede del PP en Génova". El PSOE, claro, dice que son "flecos administrativos".

Una alusión no casual. El PSOE contraatacaba denunciando que al corazón de los populares también le falta el permiso de funcionamiento. En el grueso de papeles sobre las obras realizadas en este edificio falta la licencia final. No se solicitó. El PP dice que sí, pero entre sus documentos tampoco aparece, sólo licencias parciales.

De paso, los socialistas también denunciaron que el edificio de la FAES tampoco tiene los sellos. Un folio con membrete municipal muestra, efectivamente, que carece de permisos.

La batalla de las licencias, el cruce de acusaciones sobre los edificios de los dos principales partidos, además de desplazar el debate sobre las irregularidades en la concesión de los permisos municipales y la maraña de corrupción y amiguismo que se atisba en el procedimiento, ha permitido vislumbrar una realidad bastante alarmante: muy pocos tienen en regla todos los papeles municipales necesarios.

Gallardón, según personas cercanas a su entorno, calificó como un error y un "acaloramiento momentáneo" el desahogo radiofónico de Martínez y el subsiguiente intercambio de golpes burocráticos entre los dos partidos.

Fachada de la sede central del PP, en la calle de Génova.
Fachada de la sede central del PP, en la calle de Génova.BERNARDO PÉREZ

Amenazas a PSOE y PP

El portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, amenazó ayer a los grupos del PP y PSOE con no asistir a la comisión de investigación sobre el caso Guateque si el Gobierno local y los socialistas continúan discutiendo a través de los medios de comunicación casos que deberían ser debatidos en dicho órgano.

Pérez comentó que "si lo que dice el sumario una vez se levante el secreto es lo mismo que dicen los periódicos, IU no irá a la comisión de investigación para sólo leer lo que ya se ha dicho". El portavoz de IU pidió "respetar lo que se ha acordado para que los madrileños puedan creerse algo de la política".

Abrir sin permiso ante la maraña burocrática

Si algo ha puesto de relieve la trama de corrupción en la concesión de licencias, más conocida como Operación Guateque, es la maraña burocrática que hay que desenredar para obtener esos permisos de funcionamiento o actividad para cualquier negocio en Madrid. A la desesperada, son muchos los empresarios que abren sus locales por las bravas, es decir, sin licencia.

Son multitud los negocios que funcionan en la ciudad con tan sólo una copia del impreso de solicitud de la licencia de funcionamiento. Es su única prueba para demostrar que están a la espera de que los cauces, en teoría legales, lleguen a buen puerto. Hilario Alfaro, de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem), ha declarado a este periódico que "es bastante habitual" que un negocio pequeño abra sin licencia. "Lo importante", señaló, "es poder demostrar que lo has solicitado, porque luego se demora".

En el caso de una gran superficie "es una temeridad", según el representante de la Cocem, "porque si ocurre cualquier desgracia, el seguro no lo cubre". Es el caso del centro comercial Príncipe Pío, situado en la antigua estación del Norte. Su apertura se produjo en octubre de 2004 sin licencia. Tres años después, con 112 comercios en marcha, no dispone aún de este permiso, según confirmó el Ayuntamiento.

Hay otros casos: desde la privilegiada terraza del hotel Me en la plaza de Santa Ana hasta muchos de los locales de la estación de Atocha. En algunos casos se trata del trámite que acredita que un local es seguro y cumple con los requisitos urbanísticos y ambientales para su puesta en marcha, según marca la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Aunque ayer el Consistorio justificó esa falta de licencia alegando que, como Atocha, pertenecen a Renfe, que es una institución nacional.

La normativa establece que el Ayuntamiento debe hacer una inspección en un mes desde que se solicita la licencia, pero en el caso de Príncipe Pío, por ejemplo, los técnicos se presentaron dos meses después. Detectaron algunas deficiencias e hicieron un informe desfavorable. Y hasta hoy.

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