El Congreso quiere ampliar la investigación por los vídeos de la CIA

En su primera comparecencia ante el Congreso, el director de la CIA, Michael Hayden, aseguró que "hay otros" que saben más del caso de las cintas que recogían cientos de horas de interrogatorios a dos miembros de Al Qaeda y que fueron destruidas por la agencia, y citó a sus predecesores en el cargo: George Tenet y Porter Goss. Tenet era jefe de la CIA en 2002, cuando se hicieron las grabaciones. Goss ocupaba el mismo despacho en 2005, cuando se destruyeron. Hayden tomó posesión de su cargo en mayo de 2006, seis meses después de que se eliminaran las grabaciones.

El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense ante el que testificó Hayden no quedó satisfecho con la comparecencia a puerta cerrada del director de la CIA. "Fue una audiencia útil, pero incompleta", dijo el senador demócrata Jay Rockefeller sobre la comparecencia del alto cargo el martes. Hayden repetía el mismo procedimiento ayer miércoles ante el Comité de la Cámara. Pero para Rockefeller quedaban dos preguntas cruciales por responder: ¿Quién autorizó la destrucción de las cintas? y ¿por qué nadie informó de ello al Congreso?

Tras la audiencia, Hayden aseguró a los periodistas que tuvo "la oportunidad de explicar por qué las cintas fueron destruidas" y el proceso que llevó a dicha medida. Sin embargo, insistió en que no pudo responder a todas las preguntas porque las grabaciones se realizaron bajo la gestión de uno de sus predecesores, George Tenet, y la destrucción se produjo bajo otro, Porter Gross. "Otra gente en la agencia conoce este asunto mucho mejor que yo", dijo Hayden. Desde el Congreso se barajaba citar a declarar a ambos ex directores.

El Departamento de Justicia y un organismo de control interno de la CIA están realizando un examen conjunto sobre la destrucción de vídeos relacionados con el interrogatorio de dos presuntos terroristas, para determinar si se requiere una investigación plena. Pero la medida no parece suficiente para la mayoría demócrata en el Congreso, que ha solicitado que el nuevo fiscal general del Estado, Michael Mukasey, designe a un fiscal especial para el caso.

La Administración de Bush estaba obligada por una orden judicial a no destruir ninguna prueba que contuviera interrogatorios a sospechosos de terrorismo mucho antes de que la CIA destruyese los vídeos que revelaban el uso de técnicas de tortura. En una situación normal, el Gobierno se vería ahora obligado a defenderse de la acusación de obstrucción a la justicia. Pero la CIA encontró un vericueto: su programa de cárceles secretas en el extranjero. Esta semana, un agente de la CIA que participó en la captura e interrogatorio del primer terrorista de Al Qaeda que fue grabado por la agencia aseguraba que se extrajo información valiosa del sospechoso tras aplicarle el "ahogamiento simulado". "Fue como pulsar un interruptor", indicó John Kiriakou a The Washington Post. "Se rompió en menos de un minuto", dijo el ex espía de Zubaydah, lugarteniente de Osama Bin Laden.